Fernando Salgado anuncia demanda por señalamientos sobre casa en California

TIJUANA.– El empresario y abogado Fernando Salgado Chávez rompió el silencio tras ser señalado en medios de comunicación y redes sociales como presunto prestanombres de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en relación con una propiedad ubicada en Rancho Santa Fe, California. A través de un comunicado emitido por su empresa Intl Builders Inc., Salgado negó categóricamente cualquier relación ilícita y afirmó que la casa fue adquirida legalmente por él con recursos propios y conforme a la legislación de Estados Unidos.

El documento especifica que el inmueble no ha sido ni es propiedad de ningún funcionario público, ni existe participación de servidores públicos en su adquisición, financiamiento o uso. Las visitas de figuras públicas, incluida la gobernadora, fueron en un marco estrictamente personal, según precisa el texto. La empresa con sede en Chula Vista también aclaró que su operación está debidamente registrada y sujeta a supervisión por autoridades fiscales y corporativas estadounidenses.

Salgado explicó que la compra de la residencia en el 7910 de Nathaniel Court formó parte de su actividad empresarial habitual, enfocada en la remodelación y venta de inmuebles. Detalló que la operación se realizó mediante transferencias bancarias, en total cumplimiento de la ley, y que la propiedad fue vendida el pasado 19 de mayo, días antes de que trascendiera públicamente su existencia.

Respecto a las publicaciones que lo vinculan con supuestos actos de corrupción o lavado de dinero, Salgado fue enfático: “No tengo, ni he tenido relación alguna, directa o indirecta, con actividades ilícitas”, y anunció que procederá legalmente en Estados Unidos contra los responsables de difundir información falsa. Señaló especialmente al medio Los Ángeles Press y a su autora Guadalupe Lizárraga, por declaraciones que calificó como infundadas y carentes de rigor periodístico.

Finalmente, el empresario reiteró que su interés es exclusivamente empresarial y ajeno a cualquier narrativa política. “Nuestro compromiso es con la legalidad y la transparencia. Confiamos en que la información documentada prevalezca sobre especulaciones sin sustento”, concluyó el comunicado, subrayando su disposición a colaborar con cualquier autoridad que requiera información adicional..

El escándalo tomó fuerza luego de que en redes sociales circulara una fotografía de Marina del Pilar dentro de la residencia, lo que alimentó especulaciones sobre la verdadera propiedad del inmueble. Salgado explicó que la casa fue comprada mediante su empresa INTL Builders Inc., con sede en Chula Vista, como parte de su actividad empresarial dedicada a remodelar y vender propiedades, y que las visitas de la gobernadora fueron en el contexto de reuniones personales, como una celebración del Día del Padre.

En respuesta a las publicaciones realizadas por el medio Los Ángeles Press y su autora Guadalupe Lizárraga, Salgado anunció que emprenderá acciones legales en Estados Unidos, al considerar que se han vertido “afirmaciones falsas y difamatorias”, incluyendo acusaciones de lavado de dinero y sobreprecio. El empresario recalcó que no es funcionario público, por lo que no está obligado a presentar declaraciones patrimoniales, y que tiene derecho a la privacidad en su vida personal y profesional.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Baja California emitió un comunicado para desmentir que Marina del Pilar posea propiedades en el extranjero. Aclaró que la mandataria y su esposo no tienen bienes ni cuentas bancarias fuera del país, y que las visitas a dicha casa fueron en calidad personal. “La propiedad es del señor Fernando Salgado Chávez, y no existe ningún vínculo legal, financiero o patrimonial con la gobernadora”, expresó la administración estatal, haciendo un llamado a no difundir rumores infundados.

Este episodio ha llevado a Fernando Salgado Chávez a manifestar su preocupación por el daño a su reputación personal y profesional, así como por el impacto que esta desinformación ha tenido en sus actividades empresariales. El empresario lamentó que algunos medios replicaran versiones sin verificar los hechos y recalcó que sus operaciones están debidamente registradas y auditadas tanto en México como en Estados Unidos. “Estas publicaciones carecen de rigor periodístico y han afectado mi imagen de forma injusta”, declaró, reiterando que no existe ningún acto ilícito en su proceder y que continuará defendiendo su integridad a través de los canales legales correspondientes.