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Limitan uso de armas oficiales en funciones privadas a Policía de Tijuana

Prohíbe el uso de armamento oficial en funciones de seguridad privada, como custodias personales o resguardo de bienes.

TIJUANA.- En atención a la reciente modificación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como a los acuerdos derivados de la mesa de seguridad estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) da cumplimiento a las nuevas disposiciones relativas al uso de armamento oficial, conforme a lo establecido en el artículo 34 Bis de dicha ley.

La actualización legal, publicada el pasado 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, establece que: “Artículo 34 Bis: El armamento y municiones correspondientes a una licencia oficial colectiva solo pueden emplearse en funciones de carácter oficial y de seguridad pública. Queda prohibido su uso en actividades de carácter privado tales como seguridad a particulares, seguridad a los bienes y seguridad en el traslado de bienes o valores.”



Con base en esta disposición, se han iniciado los procedimientos correspondientes para que en los supuestos que refiere el artículo referido, el personal de la SSPCM se apegue a la normativa vigente, evitando así cualquier incumplimiento de una ley de carácter federal.

Particularmente, se ha notificado a los elementos adscritos a la Dirección de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar, quienes brindan actualmente servicios de seguridad privada, sobre las implicaciones de esta reforma. Asimismo, se les exhortó a dar cabal cumplimiento a dicha ley por lo que se han iniciado los trámites administrativos necesarios para garantizar su total cumplimiento.

Es importante precisar que la disposición aplica únicamente al personal que realiza funciones que entran en los supuestos del artículo 34 Bis, y no afecta a quienes desempeñan tareas distintas dentro de la misma Dirección, conforme a lo estipulado por la ley.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana reafirma su compromiso con el estricto apego a las leyes y normativas vigentes, así como con su deber de servir y proteger a la ciudadanía en el marco del respeto a las disposiciones emitidas por las autoridades competentes.