Capturan a representante de Afirme por desvío de recursos públicos en BC
Nabor “N”, identificado como parte de la directiva de Afirme Grupo Financiero, es acusado del delito de abuso por retención de recursos públicos
Autoridades estatales informaron sobre la detención de Nabor “N”, ejecutivo de una institución financiera con sede en Nuevo León, señalado por su presunta participación en el caso Next Energy, un fallido proyecto de planta fotovoltaica impulsado durante el gobierno de Jaime Bonilla.
La aprehensión ocurrió la mañana del miércoles en la zona centro de Mexicali, cerca del cruce entre Calzada Independencia y Calle de la República. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el arresto se dio en cumplimiento a una orden emitida por un juez de Control, luego de una denuncia presentada por el actual gobierno estatal.
Nabor “N”, identificado como parte de la directiva de Afirme Grupo Financiero, es acusado del delito de abuso por retención de recursos públicos. Las investigaciones apuntan a que durante su gestión se habrían retenido alrededor de 123 millones de pesos de participaciones federales asignadas a Baja California para el desarrollo del polémico proyecto energético.
En redes sociales, la FGE difundió un video en el que se observa el momento en que el acusado baja de una camioneta y es escoltado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El mismo día, el detenido se encontraba en la capital del estado para asistir a la audiencia relacionada con el caso. Tras su salida del recinto judicial, fue asegurado por las autoridades.
Mientras era trasladado, Nabor declaró ante medios que es inocente y afirmó que su detención podría estar motivada por razones políticas: "Soy inocente, soy un hombre íntegro... el juez decidirá si esto es una persecución política", dijo.
El proyecto Next Energy ha sido duramente criticado por la actual administración, que lo calificó como una “estafa maestra”. En 2022, seis exfuncionarios del gobierno anterior fueron vinculados a proceso por presunto peculado y uso indebido de funciones. A la fecha, además de los dos directivos bancarios señalados, tres exservidores públicos enfrentan procesos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La gobernadora ha subrayado que, gracias a la cancelación del contrato y el seguimiento legal, su gobierno logró impedir un daño patrimonial de hasta 37 mil millones de pesos.
