Evidencias exponen a Caballero y Machain por mentiras sobre sistema contable que costó 92 mdp
En 2024, la Tesorería Municipal advirtió imposibilidad técnica para cumplir con obligaciones fiscales del Ayuntamiento de Tijuana, por fallas en el sistema REGER
TIJUANA, B.C. — Hace dos años, el gobierno entonces encabezado por Montserrat Caballero, concretó la firma del contrato millonario para la adquisición e implementación del sistema REGER-SIGER en el Ayuntamiento de Tijuana, documentos internos revelan que el software no solo incumplió sus objetivos, sino que dejó a la Tesorería Municipal en una situación de “imposibilidad técnica” para cumplir con sus obligaciones legales, en contraste con las declaraciones públicas de quienes promovieron la compra.
El contrato ADQ-2023-AD-081, firmado el 13 de junio de 2023 entre el XXIV Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Management Technology Innovations, S.C., estableció una contraprestación de 80 millones 100 mil 093 pesos, más IVA, para implementar un sistema de armonización contable con código fuente incluido. El acuerdo fue autorizado mediante adjudicación directa por el Comité de Adquisiciones, a solicitud de la Dirección de Tecnologías de la Información, entonces encabezada por el Ing. Gabino Orrostieta Soto, y firmado por el entonces Oficial Mayor, Marcelo de Jesús Machain Servín.
Sin embargo, el 22 de julio de 2024, el Lic. Salvador Ruíz Galán, Director de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, envió una carta oficial a la Sindicatura Procuradora. El documento detalla que el sistema REGER-SIGER no cuenta con los módulos necesarios para la armonización trimestral, ni permite capturar el avance de metas ni justificar las variaciones. Incluso señala que los reportes presupuestales muestran cifras incorrectas en múltiples clasificaciones, incluyendo objeto del gasto, función, ramo-programa y balance presupuestario.
“No tenemos disponible una herramienta informática funcionando a punto, como lo es un sistema informático armonizado que proporcione en tiempo real, con veracidad y oportunidad, toda la información relativa al manejo de la Hacienda Pública Municipal”, advierte el documento.
Pese a esta evidencia, el exoficial mayor Marcelo Machain declaró públicamente que el sistema sí funcionó, “Claro que funcionó, tan funcionó que el segundo informe trimestral en 2024 se presentó con ese sistema (...). La gente que lo sabía manejar, los capacitaban, pero entra la nueva administración y lo dan de baja”, señaló.
La declaración contradice el oficio del 22 de julio de 2024, en el que la Tesorería advierte que a tan solo ocho días de la fecha límite legal para entregar el informe al Congreso del Estado (31 de julio), el sistema no generaba los resultados requeridos, poniendo en riesgo el cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Fiscalización del Estado y exponiendo al Ayuntamiento a sanciones de hasta 1 millón 85 mil pesos.
Machain también aseguró que la adjudicación directa “no fue una decisión unilateral”, y que se justificó porque se trataba de un sistema que manejaría información confidencial, y venía con el código fuente para evitar pagos anuales por actualizaciones. Sin embargo, el mismo contrato reconoce que la implementación del módulo de ingresos municipales no fue posible, y que se requería desarrollar un puente informático (API) para integrarlo con el sistema estatal, algo que nunca se concretó, según fuentes internas.
El contrato estipula que el 50% del monto total fue entregado de forma anticipada, es decir, más de 40 millones de pesos, antes de que el sistema operara en producción. A pesar de ello, el sistema nunca llegó a funcionar plenamente, lo que se evidencia en la carta de Tesorería. Las entregas parciales se condicionaban a la puesta en marcha de módulos específicos, pero las observaciones indican que ni los reportes ni las funciones básicas se ejecutaban adecuadamente.
A las declaraciones de Machain se sumó la exalcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, quien afirmó: “Quienes no lo saben utilizar es la actual administración. En su momento, fue avalado por todos los regidores”.
Sin embargo, el aval político no sustituye el análisis técnico. El contrato incluía un “Consejo de Vigilancia”, cuya operación —según el propio Machain— recayó en la Dirección de Tecnologías y en un comité interdisciplinario. Todos los miembros de dicho comité, afirma, fueron removidos por la administración actual, pero no presentó documentación pública que respalde que el sistema funcionaba correctamente hasta noviembre de 2024, como él sostiene.
Finalmente, el argumento de que no hubo sobreprecio porque el sistema incluía el código fuente, también queda en entredicho. Otros municipios que contrataron software similar con la misma empresa, como Monterrey, lo hicieron por 3.04 millones de pesos en 2023, es decir, menos del 5% de lo que pagó el gobierno de Caballero Ramírez.
La sesión del Comité de Adquisiciones en la que se aprobó la adjudicación directa es pública, como señaló Machain, pero la Sindicatura no emitió observaciones no equivale a que no existan irregularidades posteriores, como la falta de entrega total, las fallas documentadas y la ausencia de un estudio técnico transparente que justificara el costo.
A la fecha, ni la empresa proveedora ni los funcionarios involucrados han rendido cuentas claras sobre el destino de los más de 92 millones de pesos invertidos en un sistema que, según documentos internos, nunca cumplió sus funciones esenciales.
