Dejar ciego al crimen retirando cámaras clandestinas: Ramos
El diputado Jorge Ramos recalcó que se han retirado más de 1,600 cámara de videovigilancia clandestinas, con el objetivo de "dejar ciego al crimen".
TIJUANA.- Por unanimidad, la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California aprobó la reforma al Código Penal presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para sancionar con penas de tres a ocho años de prisión el llamado halconeo: la colocación y uso de cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines delictivos.
El dictamen aprobado integró también la iniciativa del diputado Jorge Ramos Hernández, quien subrayó que el objetivo de la medida es “dejar ciego al crimen”, luego de que más de mil 600 cámaras fueron retiradas de la vía pública sin que hubiera mecanismos legales para sancionar a los responsables de haberlas instalado. Ramos precisó que la reforma tipifica con claridad la práctica y la hace punible, evitando vacíos legales.
El legislador recalcó que las cámaras en domicilios particulares, negocios o industrias quedan a salvo de cualquier restricción, ya que la ciudadanía tiene derecho a protegerse y utilizar herramientas de autovigilancia. Sin embargo, advirtió que en el caso de instalar dispositivos en la vía pública será indispensable contar con un permiso, para evitar que estos sistemas se utilicen con fines criminales.
La reforma también contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad, como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. Asimismo, se sancionará la alteración de sistemas de videovigilancia pública y la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales. Tras su votación en comisión, el dictamen será turnado al pleno, donde se anticipa su aprobación para posteriormente entrar en vigor.
