Ley Anti Halconeo también va contra funcionarios de gobierno corruptos
Este agravante contempla a servidores públicos adscritos a áreas de seguridad, procuración o administración de justicia
MEXICALI.- La reforma al artículo 317 TER del Código Penal de Baja California establece un agravante específico para los funcionarios y exfuncionarios que filtren información privilegiada a grupos delictivos. En estos casos, la pena de prisión podrá aumentar hasta en una mitad, lo que significa que quienes incurran en estas conductas podrían enfrentar un máximo de doce años tras las rejas, además de multas y sanciones adicionales. “Se incrementa hasta una mitad, de cinco a ocho años se puede incrementar hasta una mitad cuando se trate de servidores públicos”, explicó el consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez.
El funcionario detalló que esta medida aplica para quienes hayan estado adscritos a áreas de seguridad pública, procuración de justicia o administración de justicia, ya que cuentan con acceso directo a información estratégica. “Si, por ejemplo, se tiene conocimiento de una orden de aprehensión y la persona que obtiene esa información avisa al presunto responsable para evitar su captura, ese acto se considera halconeo y ahora será castigado”, puntualizó Pon Méndez.
La reforma, presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y enriquecida con la iniciativa del diputado Jorge Ramos Hernández, fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Justicia del Congreso local. Con ella, además de sancionar la filtración de información, se busca combatir la instalación de cámaras de videovigilancia clandestinas, la alteración de sistemas de seguridad oficiales y la posesión de equipos para interferir comunicaciones institucionales.
De acuerdo con el diputado Ramos, más de mil 600 cámaras ilegales han sido retiradas en el estado en los últimos meses, pero no existía un marco legal para sancionar a los responsables. Con la reforma, esas prácticas quedarán claramente tipificadas y castigadas. “Se trata de cerrar la puerta a la complicidad de funcionarios con el crimen organizado y de dejar ciego al delito en su capacidad de vigilar a las autoridades”, subrayó el legislador.
