Analizan en el Congreso de BC la figura de Diputación Migrante
Foro reunió a autoridades electorales, especialistas, legisladores y asociaciones civiles para revisar la viabilidad de representación política de migrantes
MEXICALI.- En el Congreso de Baja California se llevó a cabo el Foro para la presentación de los avances del estudio técnico, operativo y normativo en torno a la figura de Diputación Migrante, encabezado por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con la participación de autoridades electorales, especialistas académicos y representantes de asociaciones civiles.
Durante su intervención, Sánchez subrayó que el Poder Legislativo ha impulsado acciones afirmativas para sectores históricamente invisibilizados y destacó la necesidad de otorgar certeza jurídica a la comunidad migrante, en particular a quienes hablan lenguas indígenas.
El consejero electoral Abel Alfredo Muñoz Peraza explicó que el estudio realizado por el Instituto Estatal Electoral en coordinación con el Colegio de la Frontera Norte contempla cuatro ejes: análisis sociodemográfico, jurídico, diseño institucional y entrevistas. Señaló que diez congresos locales ya reconocen la representación política de su diáspora.
La consejera Vera Juárez informó que más de 27 mil bajacalifornianos cuentan con credencial de elector vigente con domicilio en el extranjero, y detalló que el diseño de la figura podría establecerse por mayoría relativa o representación proporcional.
El académico José Antonio Carrera Barroso (UAM-I) recordó que la Constitución reconoce la nacionalidad de hijas e hijos de migrantes, lo que fortalece la pertinencia de su representación. En tanto, Angélica Martínez, de Fuerza Migrante A.C., pidió que la regulación garantice legitimidad y transparencia.
Yesenia Rojas, diputada de Guanajuato, planteó la posibilidad de crear distritos electorales especiales para la elección de un escaño migrante, lo cual implicaría reformas para habilitar el voto extraterritorial.
Finalmente, la consejera Guadalupe Flores destacó que la diputación migrante constituye un acto de justicia social al reconocer el impacto que las decisiones nacionales tienen en las familias que residen fuera del país.
