Pablo Yáñez desmiente "pérdida de autonomía" tras convenio de recaudación
Afirmó que, por el contrario, la fortalece al garantizar más recursos, recuperar adeudos y terminar con esquemas del pasado que beneficiaban a privados
TIJUANA.- Durante la sesión de Cabildo donde se discutió el convenio de coordinación con el Gobierno del Estado para fortalecer la recaudación del impuesto predial, los regidores Javier Merino y Gina Arana expusieron inicialmente su rechazo al acuerdo, argumentando que la medida podría vulnerar la autonomía municipal y transferir facultades exclusivas del Ayuntamiento a la autoridad estatal. Ambos señalaron que Tijuana debía invertir en la modernización de su propio sistema catastral y de recaudación, en lugar de permitir la intervención del Estado. Arana, en particular, advirtió que el convenio habilitaría al Gobierno estatal a cobrar directamente ciertas cuentas, cuestionando la ausencia del “anexo A” y calificando la propuesta como un “cheque en blanco”.
En respuesta, el regidor Pablo Yáñez Plasencia ofreció una postura diametralmente opuesta, afirmando que estas preocupaciones eran infundadas. Señaló que la autonomía municipal no se debilita con el convenio, sino que se fortalece al permitir que Tijuana incremente su capacidad financiera. Según explicó, la verdadera autonomía no radica únicamente en lo que establecen los reglamentos, sino en que el Ayuntamiento cuente con los recursos necesarios para atender servicios básicos como bacheo, iluminación, patrullaje y obra pública. Enfatizó que, sin este convenio, Tijuana no podría acceder a los recursos del Fondo de Fomento Municipal.
Yáñez subrayó que el acuerdo permitirá que la ciudad acceda a casi 200 millones de pesos adicionales sin haber cobrado aún cartera vencida, recursos que —afirmó— serían imposibles de obtener de otra forma. Además, recordó que más de 800 municipios del país ya han firmado convenios similares con gobiernos estatales de distintas fuerzas políticas, lo que evidencia que se trata de una herramienta legal y ampliamente utilizada, no de una intervención indebida en las facultades del Ayuntamiento.
El regidor también rebatió los señalamientos sobre el “anexo A”, explicando que este documento no puede existir previo a la aprobación del convenio madre, y que será Tesorería quien posteriormente defina qué cuentas podrán ser sujetas al proceso de recuperación. Finalmente, añadió un señalamiento político: recordó que administraciones pasadas en Baja California recurrieron a empresas privadas para el cobro de la cartera vencida, beneficiando a consultorías vinculadas a grupos de poder. En contraste, dijo, el modelo actual elimina intermediarios y combate prácticas opacas, permitiendo que el Estado apoye directamente al municipio y que la recaudación beneficie únicamente a la ciudad y a su ciudadanía.
