TIJUANA.- En octubre de 2021, el Congreso de Baja California aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, a través de reformas al Código Penal del estado. Esta decisión marcó un paso histórico en los derechos reproductivos de las mujeres en la entidad, aunque la reforma constitucional no fue posible debido a la falta de votos necesarios. Desde entonces, el aborto dejó de ser un delito en el estado, permitiendo a las mujeres y personas gestantes decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo en este periodo.

Este año, Baja California ha registrado un incremento en los procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), alcanzando 1.201 procedimientos en instituciones públicas, según datos proporcionados por Nitzia Jáuregui Pelayo, jefa del Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. El aumento en el número de atenciones se debe a la apertura de más módulos especializados en ILE y la implementación de métodos como la aspiración manual uterina y el tratamiento farmacológico, que son seguros y recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El procedimiento de ILE en Baja California es considerado seguro y ambulatorio, lo que significa que las pacientes pueden regresar a casa el mismo día sin necesidad de hospitalización. Jáuregui Pelayo destacó que el tratamiento farmacológico utilizado tiene mínimas complicaciones y se realiza bajo los más altos estándares de salud. Además, los servicios incluyen consejería y seguimiento médico para asegurar el bienestar de las pacientes antes, durante y después del procedimiento.

A pesar de los avances, el estigma social sigue siendo un obstáculo significativo para quienes deciden interrumpir un embarazo. Asociaciones civiles a favor de los derechos reproductivos de las mujeres señalan que el juicio social y la discriminación no solo provienen de círculos cercanos, sino también de instituciones que deberían garantizar estos derechos. Para combatir esto, las autoridades han establecido nueve módulos de atención en el Estado que ofrecen un entorno seguro y libre de prejuicios, enfocados en la sensibilización y capacitación del personal médico. Estos módulos están diseñados para que cualquier mujer, adolescente o persona con capacidad de gestar pueda acceder a un aborto seguro sin enfrentar barreras sociales o legales.