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Detecta Auditoría Superior de la Federación irregularidades dentro del INAI

Según el documento, estas irregularidades incluyen prácticas de extorsión hacia trabajadores, contratación de personal no apto y uso indebido de recursos públicos

Por Redacción | Publicado el jueves, 21 de noviembre de 2024

MÉXICO

 Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general el dictamen para extinguir siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la presidenta Claudia Sheinbaum justificó la medida señalando graves actos de corrupción en el instituto.

Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, Sheinbaum presentó hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que exponen presuntas irregularidades dentro del INAI, documentadas en la Cuenta Pública de 2022. Según el documento, estas irregularidades incluyen prácticas de extorsión hacia trabajadores, contratación de personal no apto y uso indebido de recursos públicos.

Entre los señalamientos expuestos, destacan:
Extorsión a empleados: Trabajadores y excolaboradores del INAI denunciaron que altos mandos les exigían entre el 10% y el 60% de su sueldo y prestaciones para conservar sus empleos. En caso de negarse, eran despedidos.
Aviadores y nepotismo: Se detectó personal registrado que no laboraba físicamente en las oficinas, mientras otros empleados realizaban sus funciones. Además, se documentaron vínculos familiares entre trabajadores y comisionados, que habrían permitido la contratación de personas sin cumplir los requisitos establecidos.
Uso indebido de recursos: La auditoría reveló gastos no justificados por parte de los comisionados en viáticos, comidas y viajes nacionales e internacionales. Además, señalaron el uso de tarjetas corporativas American Express sin la debida comprobación.
Impacto político y social

El dictamen aprobado generó reacciones divididas. Mientras el oficialismo defiende la medida como un paso hacia la transparencia y eficiencia administrativa, sectores de la oposición la califican como un retroceso en materia de derechos ciudadanos y acceso a la información.

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