García Luna sentenciado por corrupción; tendrá que devolver casi 2,500 mdd
Una corte en Miami sentenció a Genaro García Luna y a su esposa a pagar 2,488 mdd por un esquema de corrupción y contratos ilegales durante el sexenio de Calderón
MIAMI.- Una corte civil en Miami dictó sentencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y su esposa, Cristina Pereyra, por participar en un esquema de contratación ilegal durante el gobierno de Felipe Calderón. Según la resolución, García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa fue sancionada con 1,740 millones. La jueza Lisa Walsh consideró que el matrimonio desvió fondos públicos a través de contratos irregulares, afectando directamente a la hacienda pública mexicana.
La demanda civil fue presentada por el gobierno mexicano en septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar activos presuntamente adquiridos con recursos robados del erario y transferidos a Florida mediante paraísos fiscales. De acuerdo con las investigaciones, se concedieron 30 contratos a un grupo empresarial vinculado con García Luna, sin procesos de licitación, por un monto de casi 746 millones de dólares. Estos recursos habrían sido utilizados para adquirir bienes inmuebles y otros activos en Estados Unidos.
La sentencia fue emitida sin la presencia ni representación legal de los acusados, lo que permitió al tribunal fallar a favor del gobierno mexicano por “default”. Esta sanción se suma a la condena penal que ya enfrenta García Luna por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de haber sido declarado culpable en 2023 por narcotráfico, delincuencia organizada y conspiración. En ese caso, el exfuncionario fue sentenciado a 38 años y cuatro meses de prisión por facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han señalado que el daño económico causado por García Luna es uno de los mayores casos de corrupción registrados en la historia reciente del país. Además de los contratos irregulares, la UIF documentó el uso de empresas extranjeras fachada y la evasión de procesos legales para favorecer a allegados y ocultar el origen del dinero.
Aunque la defensa de García Luna ha intentado apelar la sentencia penal, y su familia ha argumentado que no tienen los recursos para cubrir la multa millonaria impuesta en Miami, el fallo representa un paso importante para el gobierno mexicano en su lucha por recuperar los fondos públicos desviados y castigar la corrupción de altos exfuncionarios que traicionaron la confianza del Estado.
