"No solo es Mahahual": activistas exigen a Semarnat revisar 12 proyectos que amenazan en el país

Bajo la consigna “No solo es Mahahual”, activistas dirigieron mensajes a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el llamado a proteger flora, fauna, reservas naturales, playas, bosques, selvas, cuerpos de agua, manantiales y zonas costeras afectadas por distintos desarrollos.

La lista difundida incluye 12 conflictos ambientales relacionados con proyectos energéticos, gasoductos, minería, urbanización, privatización de playas, infraestructura fósil y presión inmobiliaria. Entre ellos se encuentran el megaproyecto Saguaro Energía, en Sonora; el gasoducto Sierra Madre, en Chihuahua; la defensa de la Bahía de Ohuira, en Sinaloa; el fracking en la Huasteca Potosina; La Pona, en Aguascalientes; y el Parque Ecológico Xochitla, en el Estado de México.

Uno de los casos señalados es el proyecto Saguaro Energía, de la empresa Mexico Pacific, que contempla un gasoducto de más de 800 kilómetros, una terminal de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, y una flota de buques metaneros para transportar gas licuado por mar. El proyecto enfrenta 10 juicios de amparo sin resolver desde 2023 y, de acuerdo con la coalición Ballenas o Gas, amenaza zonas de reproducción, alimentación y tránsito de ballenas.

La organización Nuestro Futuro A.C. también inició una demanda de amparo a nombre de las ballenas, bajo la figura legal de “sujetos de derecho”, con el objetivo de protegerlas frente a proyectos promovidos por el gobierno y el sector privado. Según la información difundida, se trata de la primera demanda de ese tipo en México.

En Chihuahua, el gasoducto Sierra Madre también fue incluido entre los proyectos cuestionados. De acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental, iniciaría en la frontera entre Estados Unidos y Chihuahua y se conectaría con el Saguaro Connector, infraestructura que llevaría hasta territorio mexicano gas shale extraído mediante fracking en la cuenca Pérmica de Texas. Un estudio técnico-científico advierte que su construcción implicaría la remoción de 1.979 hectáreas de superficie forestal y que su trazo pasaría a menos de 150 kilómetros de cinco reservas naturales, incluida la Reserva de la Biosfera Janos.

En Nayarit, defensores del territorio denunciaron presuntos abusos relacionados con la venta de playas en Playa Las Cocinas, ubicada en Bahía de Banderas. Usuarios en redes señalaron que la zona es sitio de anidación de tortugas marinas y un ecosistema costero de alta biodiversidad, amenazado por contaminación, luz artificial y turismo masivo.

En Morelos, los conflictos señalados incluyen la Cueva de Oztuyehualco, antes conocida como Cueva del Diablo, considerada por especialistas como el único refugio de apareamiento del murciélago magueyero mayor, especie en peligro. Las amenazas principales para este santuario son la urbanización, el senderismo, las visitas sin control y la pérdida de hábitat.

También en Morelos, comunidades de Xochitepec, Miacatlán y Temixco obtuvieron una suspensión definitiva contra el proyecto minero Esperanza Silver, descrito como ambientalmente inviable y con riesgos para la salud, la seguridad hídrica y la biodiversidad.

En Sonora, habitantes y defensores ambientales alertaron sobre Playa Piedras Pintas, en San Carlos, Guaymas, considerada uno de los últimos accesos libres a las costas de esa región frente al Mar de Cortés. Una campaña en Change.org advierte que existen planes para privatizar el acceso a la zona costera, lo que afectaría el derecho de la comunidad a disfrutar libremente del mar.

Otro caso es el Parque Ecológico Xochitla, en Tepotzotlán, Estado de México, un espacio de 70 hectáreas de áreas verdes que desde 1988 ha funcionado como sitio de recreación, conservación de la naturaleza y refugio de aves migratorias. Vecinos del colectivo Xochitlavive y ambientalistas defienden esta reserva frente a construcciones de parques industriales.

En Sinaloa, comunidades indígenas mayo-yoreme denunciaron agresiones y persecución por defender su territorio en Topolobampo, particularmente frente a proyectos como una planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente y la planta de Gas Natural Licuado Vista Pacífico, de Sempra Energy, actualmente cancelada. 

Once relatores especiales de la ONU manifestaron preocupación por hechos relacionados con la construcción de la planta de amoníaco, al advertirse que amenazaría la bahía y modificaría de manera irreversible la actividad camaronera de la que dependen las comunidades.

En la Huasteca Potosina, comunidades denunciaron amenazas por fracking durante el evento “Fandango por la vida”, organizado el 8 de mayo por la Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por 30 organizaciones. Hermelinda Vásquez Bautista, de San Martín, San Luis Potosí, expresó preocupación por la eventual llegada de esta práctica a su territorio y afirmó que representa violencia para las comunidades y sus tierras.

En Aguascalientes, el colectivo Salvemos La Pona impulsa que ese bosque urbano sea declarado Área Natural Protegida. La Pona es considerada un pulmón natural de la ciudad y el último sitio de vegetación nativa que ha sobrevivido dentro de Aguascalientes. De acuerdo con el colectivo, infiltra millones de litros de agua al año, regula la temperatura urbana y resguarda uno de los últimos ecosistemas nativos locales, aunque actualmente enfrenta sequía, calor extremo y pérdida de áreas verdes.

En Baja California Sur, la coalición Ballenas o Gas, integrada por más de 40 organizaciones, junto con la comunidad de Loreto, rechaza un decreto presidencial emitido el 10 de abril de 2026, que habilita la entrada de cruceros y navíos de gran calado al Puerto de Loreto. Las organizaciones advierten que la medida pone en riesgo el hábitat de la ballena azul y las economías locales que dependen de la presencia de esta especie y otros animales relevantes.

Finalmente, en Los Cabos, el colectivo BCSicletos denunció que la Comisión Federal de Electricidad busca construir una central de gas fósil, consistente en una planta de combustión interna para gas fósil y diésel, además de un gasoducto y una planta de regasificación. Aunque la CFE justifica el proyecto como necesario para electrificar hogares del Programa Nacional de Vivienda, el colectivo advierte que afectaría a comunidades, pesca local y duplicaría la contaminación atmosférica del estado.

Las comunidades tienen hasta el 26 de mayo para enviar observaciones sobre este último proyecto y oponerse mediante la consulta pública oficial organizada por la Secretaría de Medio Ambiente.

Con la consigna “No solo es Mahahual”, los colectivos buscan ampliar el debate público más allá del caso de Quintana Roo y colocar bajo revisión una agenda nacional de conflictos ambientales que involucra proyectos privados, infraestructura pública, empresas extranjeras, comunidades indígenas, ecosistemas costeros, reservas naturales y especies amenazadas.