Un juez federal argentino notificó a Interpol este miércoles, 25 de septiembre de 2024, sobre una orden de captura internacional contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad que se tramita en los tribunales de Argentina. Esta acción forma parte de un proceso judicial que involucra también a otros altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

El magistrado Sebastián Ramos, responsable del caso, solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que "recabe de manera urgente" la información necesaria para identificar a Maduro, Cabello y otros miembros del ejecutivo venezolano implicados en la causa. El pedido tiene como objetivo facilitar su arresto para enfrentar la justicia en Argentina.

El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), querellante en el proceso, emitió un comunicado instando a Interpol a emitir alertas rojas, que permitan la detención inmediata de los acusados. "Es fundamental que se haga justicia para las víctimas de estos crímenes atroces", afirmó la organización.

La decisión de avanzar con la solicitud de captura se produjo tras un fallo de la Cámara Federal argentina, emitido el lunes 23 de septiembre, que instruyó al juez Ramos a gestionar la orden internacional de arresto con fines de extradición. El tribunal argentino argumentó que el gobierno de Maduro ha implementado, desde 2014, un "plan sistemático de persecución, secuestro, tortura y asesinato" contra la población civil venezolana, lo que constituye delitos de lesa humanidad.

El caso, que se inició en enero de 2023 a raíz de una denuncia presentada por el FADD, se basa en el principio de jurisdicción universal. Este permite a los países juzgar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, independientemente del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad de las víctimas o perpetradores.

En respuesta, la cancillería venezolana expresó su rechazo, argumentando que la decisión judicial atenta contra "la soberanía y jurisdicción de los Estados", así como contra los "privilegios e inmunidades" de los altos funcionarios venezolanos.

Argentina ya ha aplicado este principio en casos previos, como en 2010, cuando la justicia del país sudamericano abrió una investigación por crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco en España, marcando un precedente en el uso de la jurisdicción universal para perseguir delitos de lesa humanidad.