Noroña cuestiona al INE por mantener candidaturas judiciales con historial dudoso
Noroña calificó de inaceptable la postura del Instituto, que argumentó no tener facultades legales para eliminar esos registros.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por negarse a cancelar el registro de varios aspirantes al Poder Judicial, a pesar de los señalamientos por su presunta falta de idoneidad.
La polémica se encendió luego de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado pidieran al INE revocar el registro de 26 candidatos a jueces y magistrados. Según los legisladores, algunos de los aspirantes están relacionados con delitos graves como abuso sexual, peculado y crimen organizado, mientras que otros no cumplen con requisitos académicos mínimos.
En entrevista con medios de comunicación, Fernández Noroña calificó de inaceptable la postura del Instituto, que argumentó no tener facultades legales para eliminar esos registros. “Si el INE se lava las manos, iremos al Tribunal Electoral. Nosotros ya presentamos las impugnaciones y agotamos las vías legales”, advirtió.
El senador también retó públicamente al Instituto a que fundamente su decisión: “Que nos digan en qué parte de la Constitución se establece que ellos no pueden cancelar candidaturas cuando hay evidencia clara de inelegibilidad”, expresó con tono molesto.
Consultado sobre si el Senado tiene capacidad para anular las postulaciones directamente, Fernández Noroña reconoció que no es una atribución del Congreso. Sin embargo, insistió en que ya se dio el primer paso: exhibir públicamente las irregularidades y llevar el caso ante las autoridades electorales correspondientes.
Por su parte, el INE defendió su posición. La consejera Norma Irene de la Cruz recordó que los casos señalados representan menos del 1% de las más de tres mil candidaturas registradas. “Son 26 de 3 mil 314. Hay que dimensionar”, declaró.
Fernández Noroña, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, mantiene firme la exigencia: 18 de los postulantes estarían involucrados en investigaciones penales, mientras que otros 8 no alcanzan el promedio mínimo requerido en su formación académica.
“Es el pueblo quien tendrá la última palabra el próximo 1 de junio”, concluyó el senador. “La ciudadanía está más atenta que nunca a este proceso y sabrá decidir con conciencia”.
