Autoridades mexicanas investigan a CiBanco, Intercam y Vector tras señalamientos de EE.UU

El gobierno de Estados Unidos encendió una fuerte alerta sobre tres instituciones financieras que operan en México, a las que acusa de tener vínculos con redes de lavado de dinero asociadas al tráfico ilícito de opioides, en particular fentanilo. Se trata de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, entidades que, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, habrían facilitado operaciones financieras que benefician directamente a cárteles mexicanos del narcotráfico.

A través de un comunicado oficial, las autoridades estadounidenses anunciaron que estas tres entidades han sido clasificadas como una “preocupación principal” por su papel en el movimiento de fondos que permiten la adquisición de precursores químicos provenientes de China, los cuales son utilizados en la producción de drogas sintéticas altamente adictivas y letales. Como parte de esta determinación, se ordenó restringir ciertas transferencias de fondos relacionadas con dichas instituciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente al señalar que estas firmas están facilitando, de manera indirecta, el daño que el fentanilo está causando en Estados Unidos. Afirmó que al mover dinero en nombre de los cárteles, se han convertido en piezas clave dentro de la cadena de suministro de esta droga, responsable de decenas de miles de muertes cada año en territorio estadounidense.

Según las investigaciones, CIBanco habría mantenido durante años relaciones financieras con organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. Uno de los casos documentados refiere que, en 2023, un empleado de esta institución ayudó a abrir una cuenta para lavar 10 millones de dólares destinados a un miembro del Cártel del Golfo. Además, se habrían procesado más de dos millones de dólares en pagos hacia empresas chinas que suministran sustancias químicas utilizadas en la elaboración de opioides.

En el caso de Intercam, también se identificó un patrón de colaboración financiera con grupos delictivos, especialmente con el CJNG. Las autoridades estadounidenses reportan reuniones entre directivos del banco y presuntos integrantes del cártel, con el objetivo de acordar esquemas de lavado de dinero mediante transferencias desde y hacia China. Entre 2021 y 2024, la institución habría canalizado más de 1.5 millones de dólares hacia proveedores chinos vinculados al tráfico de precursores.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue señalada por facilitar operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Entre los ejemplos citados, se menciona que una persona que operaba como “mula de dinero” utilizó la plataforma de Vector entre 2013 y 2021 para mover alrededor de 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México. Asimismo, se detectaron pagos por más de un millón de dólares, entre 2018 y 2023, hacia empresas chinas identificadas como proveedoras de insumos químicos ilegales.

Estas sanciones se enmarcan en un contexto más amplio de la política antidrogas impulsada por la administración de Donald Trump, que en enero de 2025 firmó una orden ejecutiva para clasificar a varios cárteles de droga como organizaciones terroristas. Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha intensificado su estrategia para cortar los flujos financieros de estas organizaciones, ahora con el respaldo de nuevas facultades otorgadas por la Ley FEND Off Fentanyl.

En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México expresó que mantiene una relación de cooperación con las autoridades estadounidenses, pero aclaró que hasta el momento no ha recibido pruebas concluyentes que respalden las acusaciones. Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya han iniciado procesos de revisión a las instituciones mencionadas. Hasta ahora, solo se han detectado faltas administrativas, las cuales han sido sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

La dependencia subrayó que México realiza miles de operaciones legales con empresas chinas cada año y que muchas de las transacciones mencionadas en el informe estadounidense corresponden a actividades ordinarias del comercio internacional. No obstante, Hacienda dejó claro que, si se llega a comprobar algún delito, se actuará conforme a la ley y con total transparencia, tal como ha instruido la presidenta de México.

Estas medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos, lo que marca un nuevo capítulo en la ofensiva internacional contra las redes financieras del narcotráfico.