INE plantea separar elección judicial e intermedias de 2027, en su propuesta de reforma electoral
También se plantea un blindaje para los organismos electorales locales
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral un paquete de observaciones para el dictamen final de la reforma electoral, integrado por 241 propuestas aprobadas por unanimidad y mayoría en el Consejo General.
Del total de 316 planteamientos discutidos por las y los consejeros, únicamente las 241 propuestas con respaldo mayoritario fueron incluidas en el documento remitido a la comisión.
Entre los puntos centrales destaca la propuesta de separar la elección judicial de 2027 para evitar que coincida con los comicios intermedios y la elección de 17 gubernaturas, debido al alto costo logístico que implicaría su realización simultánea.
El INE también propuso que el diseño de las boletas para la elección judicial sea responsabilidad del propio instituto, ante la complejidad detectada en el proceso previo.
En materia de organización electoral, el paquete plantea mantener a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), descartando su eliminación, aunque con ajustes a su funcionamiento según las necesidades de cada entidad federativa.
Las propuestas incluyen medidas para endurecer la fiscalización y evitar escenarios como los registrados en 2024, así como sancionar actos anticipados de campaña, facultando al INE para intervenir frente a actividades proselitistas fuera de los tiempos legales.
Asimismo, se plantea eliminar el “secreto ministerial” que ha impedido el acceso a información financiera cuando autoridades como el SAT, la UIF o la FGR niegan datos al árbitro electoral.
Otro punto relevante es que el presupuesto del INE se vincule al Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de otorgarle estabilidad y reducir su dependencia de decisiones políticas anuales.
Finalmente, se prevé una reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los coordinadores de Morena en el Congreso para definir los tiempos de la reforma y determinar si su aplicación sería en 2027 o hasta 2030.
