Elmo Renista

Durante días, su nombre fue ligado a delitos graves como huachicol y tráfico de armas. Incluso se habló de supuestas órdenes de aprehensión en Estados Unidos, pero el medio de comunicación no contaba con pruebas contundentes. 

Lo que sí ocurrió fue un juicio, pero no penal. Un juez federal resolvió que la información publicada por un medio nacional era falsa, no estaba verificada y además se negó el derecho de réplica. Por eso ordenó corregir lo publicado y sancionó al medio.

El manejo de la información en la era de las redes sociales es fundamental, ya que no se puede acusar sin pruebas pero tampoco afirmar que eso lo exonera de cualquier otra investigación que podría estar en curso. La realidad tiene más matices. 

Este caso deja una lección incómoda, y es que la información que se publica sin pruebas no sólo afecta a la persona involucrada sino a todos los actores del espacio público y especialmente a la ciudadanía que consume la información. Afortundamente, en esta ocasión un tribunal puso orden.

La creación de 200 mil nuevos espacios en bachillerato y la eliminación del examen de ingreso en 18 estados reflejan una visión política enfocada en educar a los mexicanos.

El Estado liderado por Sheinbaum se responsabiliza de asegurar oportnidades para la gente. Por eso los programas como Mi derecho, mi lugar no nada más amplían la cobertura, sino que redefinen la educación como un derecho efectivo de todos los mexicanos.

La idea de que todas las escuelas deben ser buenas rompe con la lógica de desigualdad que imperó durante muchos años en el país.

La visión integral de la presidenta integra infraestructura, telebachilleratos, acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono y estrategias de salud escolar que vinculan bienestar y aprendizaje.

En pocas palabras, Sheinbaum demuestra reconocer la educación como herramienta para reducir la violencia; es decir, como una política preventiva. Por eso, el liderazgo de la presidenta apuesta por la inclusión, que ningún niño o joven se quede fuera de las aulas. Un giro de 180 grados que sin duda tendrá implicaciones en el futuro del país.

Los tijuanenses saben que se trata de una zona con movilidad colapsada, y una serie de problemas que no podían ignorarse, sino atenderse en diálogo con los afectados.

No hace falta mucha memoria para recordar el episodio del panteón que el alcalde canceló, así como las protestas vecinales que legítimamente molestas dejaron claro que la confianza de la gente se construye con resultados.

De esta forma, el alcalde Ismael Burgueño empezó a resolver en la zona, en función de las capacidades actuales del gobierno municipal y que haya escuchado la molestia de la gente no es una algo menor o insignificante, es un intento digno de cambiar la historia de una zona afectada.

La reunión con vecinos en Santa Fe este domingo no sólo se trató de informarles los avances en infraestructura, semaforización o seguridad vial, sino de recuperar la confianza que se perdió por años.

El alcalde se conduce con la claridad de que cuando la gente sale a la calel a protestar, el tema se vuelve político y requiere acciones inmediatas de las personas que tienen el poder de resolver el motivo del enojo.

Los anuncios de luminarias, ordenamiento comercial y mejoras viales son una estrategia clara que combina la presencia, la obra pública visible y el contacto directo con la gente. Nada de esto es nuevo. Ahora el reto será continuar el diálogo para lograr satisfacer las necesidades apremiantes de la comunidad.

Santa Fe es, en el caso de Ismael Burgueño, el ejemplo de que dar la cara y resolver lo que la gente pide es la mejor manera de ganarse la confianza de la gente. Por ahora, serán muchos los ciudadanos interesados en que los avances continúen.

Su asistencia a la Cumbre en Defensa de la Democracia, convocada por el presidente español, Pedro Sánchez, no fue larga, tampoco fue un evento espectacular, pero sí demostró el don estratégico de la mandataria mexicana en momentos complejos sobre todo si observamos al norte de la frontera.

En un solo movimiento, Sheinbaum romper el hielo y otorgar calidez y diplomacia a la relación entre México y España. El encuentro con el presidente Sánchez fue visto por la prensa mexicana, la española y los presentes en en la Cumbre como algo relevante. La decisión de la presidenat pone a México en la mesa internacional, a pesar de que haya voces que opinen lo contrario.

La presidenta demostró que no sólo se debe ser diplomático con Estados Unidos. Sheinbaum fue puesta en la Cumbre como parte del núcleo de un bloque progresista global junto a líderes como el brasileño Lula da Silva y el colombiano Gustavo Petro, en una cumbre que busca redefinir el papel de las democracias frente a las tensiones geopolíticas actuales.

La mandataria mexicana no tuvo miedo de hacer diplomacia fuera de América del Norte, su visita a España acompañada de otros mandatarios progresistas latinoamericanos es muestra de que la identidad política y una visión de Estado no deben someterse a los designios del mercado y el gobierno estadounidense, menos si están regidos por discursos de odio.

Incluso, llamó la atención el momento en que Luiz Inácio Lula da Silva agradeció a Pedro Sánchez por conseguir la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo en el evento en tierra catalana. Así de importante es visto México en el panorama del progresismo global.

Claudia Sheinbaum propuso que México sea la sede del próximo encuentro, demostrando que tiene toda la intención de asumir un liderazgo internacional entre países que no comparten la visión restrictiva de Donald Trump.

Mientras algunos siguen atrapados en la retórica ideológica, Sheinbaum visitó el Barcelona Supercomputing Center y empujó el proyecto Coatlicue, apostando por soberanía tecnológica como política pública, no como discurso vacío.

No es poca cosa que un diario español de renombre mundial como El País señalara que "la presidenta Sheinbaum vuelve reforzada de su viaje a España". El mundo la observa y la palabra de la presidenta adquirió mayor valor frente al mundo.

El encargo hecho a Citlalli les quedó claro a todos. Es conducir la operación electoral hacia 2027, lo que implica algo más complejo que organizar campañas.

La ex secretaria de las Mujeres entra a un espacio donde se cruzan varias dimensiones críticas para la política mexicana con que México se adentrará de lleno en el segundo cuarto del siglo, como es la definición de candidaturas, la negociación de alianzas y la contención de fracturas internas.

Para decirlo de forma práctica, querido lector, Citlalli, como fundadora y denominada "militante de la Transformación", estará en el centro de la arquitectura del poder partidista en México.

El perfil de Hernández no es, para nada, casual. Pertenece una generación política con experiencia en operación territorial. Esa capacidad le permite ser interlocutora con las bases y, al mismo tiempo, ejecutora de decisiones estratégicas.

El desafío que tiene Citlalli no es menor. MORENA enfrenta un escenario donde la coalición oficialista muestra signos de desgaste, particularmente en temas como la reforma electoral y en algunos estados como Baja California.

La nueva titular de la Comisión Nacional de Elecciones tendrá como encomienda mantener la cohesión sin ceder control. A eso se le suma equilibrar los incentivos, repartir los espacios y evitar que las diferencias se conviertan en rupturas.

En cuanto a visión política, la llegada de Citalli representa la perspectiva de Sheinbaum en cuanto a centralizar decisiones clave, perfilándola como una operadora encargada de equilibrios que permitan que la Transformación siga siendo competitiva en los años por venir.

Al centro de este giro aparece el alcalde, quien ha colocado el tema en su agenda para atender a la gente y articular las distintas áreas de gobierno en pos de un mismo fin. Esto significa pasar de simples homenajes simbólicos a afiliaciones a servicios de salud y pensiones mensuales. Así, Burgueño reconoce una deuda histórica y empieza a saldarla.

Los datos, aunque incipientes, ya son relevantes. Un total de 11 mujeres ya cuentan con acceso a ISSSTECALI junto a sus hijos, mientras que decenas están en proceso de recibir un apoyo económico mensual por ajustes a una norma técnica.

La clave está en que cambio la lógica, ya no es un tema discrecional, es un tema de normas. La reforma a la Norma Técnica Especial Número 4 establece una base institucional que, si se sostiene, puede consolidarse como política pública real, constante y sonante.

En todo ese proceso, la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán ha desempeñado un papel operativo y correctivo.

Su intervención no solo ha facilitado la gestión de todos y cada uno de los casos, sino que ha identificado vacíos, como la exclusión de hijos con discapacidad mayores de edad, y este jueves anunció que propondrá al alcalde Ismael Burgueño que sean incorporados. En esa sensibilidad la aplicación se convierte en aprendizaje.

Lo que hoy ocurre en Tijuana con las familias de los policías que dieron su vida con heroísmo no es un modelo que esté acabado, pero sí constituye un punto de partida y un precedente que la administración municipal dejará a la ciudad como legado.

Poco después de la fotografía que generó polémica y motivó la redacción de diversas columnas políticas, Castro apareció en un vídeo donde mostraba su apoyo a la senadora, otra aspirante a la gubernatura de Baja California el próximo año. 

Ahí se comenzó a tejer su plan. Fernando sabe, como un viejo lobo de mar, que tiene pocas posibilidades de ser gobernador, por eso usó el evento con Julieta Ramírez Padilla para vender su apoyo a la mexicalense y posicionarse dentro de lo que él mira como un bloque político y tomar un puesto más "jugoso" en 2027. 

Para decirlo sin rodeos, Castro fue el único de los diputados presentes en el Senado ese día que sacó provecho al evento. 

Y si había dudas, Fernando este martes difundió un vídeo donde dice que dejará su curul para buscar participar en el proceso electoral. El círculo se cierra con la senadora asistiendo este miércoles a un evento en CANACO, cuyo presidente, Olivaldo Paz, respalda a Castro de acuerdo a información que ha trascendido. 

La "diablura" es el sello de la casa. La senadora Julieta Ramírez Padilla tenía, sin duda, una buena idea de trabajo, reducir los gastos para destinarlos a donde los ciudadanos lo necesitan, pero la ambición política del ex militante del PRI se impuso y usó su participación en ese evento para hacer a un lado a sus compañeros diputados. 

Lo cierto es que a estas alturas nadie ve a Fernando Castro Trenti como una opción para la gubernatura, y seguramente está buscando a líderes políticos para venderse y seguir viviendo del erario todavía más años.

La ex secretaria de Gobernación, acostumbrada a la operación política, decidió enfrentar la situación de frente. Ante las versiones pagadas por medios anti morenistas, ella fue clara al afirmar que seguirá en el partido tal y como marcan los estatus internos.

Su declaración no es menor, y menos en un contexto donde cada filtración suele esconder una disputa interna.

Alcalde Luján fue estratégica y efectiva al mismo tiempo, aprovechó el rumor y reafirmó su posición no sólo dentro del partido, sino de toda la Cuarta Transformación. No solo negó su salida, también recordó el origen que le da legitimidad al haber sido electa por el Congreso Nacional del partido guinda.

Como sucede siempre, el mensaje tiene varias capas de interpretación. Hacia afuera, muestra que hay estabilidad relevante preia a los procesos electorales que se asoman en el horizonte, y hacia el interior envía una señal de control mostrando que no hay vacío de poder.

La forma de comunicar, y el estilo de Luisa María Alcalde Luján, quedó de manifiesto. La dirigencia administra tanto al partido como las percepciones acerca de éste, y en ese terreno permanecer implica resistir las narrativas en contra que pueden surgir en el ambiente.

Al final, la aclaración de Alcalde Luján para nada pone punto final a las tensiones internas, pero logra contenerlas y usar la percepción a favor de los intereses tanto del partido como de todo el proceso de transformación que comenzó en 2018.

Esto es visto como una señal clara de que es el preferido de entre los morenistas bajacalifornianos, ya que se posiciona por encima de perfiles como la senadora Julieta Ramírez Padilla o la ex alcaldesa Montserrat Caballero, quien recientemente renunció a MORENA con la intención de contender por el PT.

Otro punto que llamó la atención es que a Ismael Burgueño también lo señalan como poseedor de una serie de atributos como cercanía, conocimiento de Baja California y una percepción de honestidad. Sus acciones de gobierno han sido efectivas.

Pero el dato más relevante está en el contexto. MORENA registra 54% de intención de voto efectiva en Baja California, por eso, la ventaja es estructural, por lo que la verdadera elección parece que no será en las urnas a medidados de 2027, siendo en el proceso interno morenista.

En este punto toma valor la lectura nacional. La dirigente de MORENA, Luisa María Alcalde Luján, ha defendido los estudios de Enkoll al señalar que reflejan el respaldo del pueblo, por lo que de cierta manera la victoria de Burgueño también está en la percepción de los líderes de su movimiento.

Si la encuesta de Enkoll reflejó la popularidad de Claudia Sheinbaum Pardo, queda claro que también otorga legitimidad a los cuadros locales. Burgueño de esa manera es visto como el preferido por los números.

La localización colocó en el centro al secretario como operador eficaz de la respuesta institucional ante una crisis tanto de seguridad como político.

Para quienes aún cuestionan la Estrategia Nacional de Seguridad, el operativo en Taxco demuestr que la estrategia no sólo se basa en la atención de las causas, sino en la capacidad de las corporaciones de reaccionar de forma inmediata ante una situación relevante. Ese es el punto político.

Por lo tanto, Omar García Harfuch encarna un perfil que combina elementos como la inteligencia, la coordinación, y, sobre todo, la ejecución táctica. En este caso, la articulación entre fuerzas federales y estatales permitió resolver en horas lo que antes podía tardarse semanas.

El reto de Omar es claro. El hecho de que un alcalde sea vulnerado muestra que en el país aún hay zonas con control criminal. Por eso, el logro del gobierno federal consigue dejar en claro que es posible responder con rapidez y eficacia.

En un escenario político donde la seguridad será eje rumbo a 2027, Harfuch ejecuta operativos al tiempo que sigue construyendo una presencia nacional. Ese fenómeno, en política, es un activo de valor.

La participación del alcalde en la sede de la ONU no solo implica simple presencia sino que demuestra que el municipio obtuvo una validación global a partir de su modelo de gobierno.

El reconocimiento de Tijuana como municipio ejemplo, junto con Nuevo Laredo, Tamaulipas, es un dato relevante.

Regularmente, las ciudades compiten por posicionamiento, inversión y legitimidad, por lo que aparecer en la agenda de organismos internacionales le otorga un valor significativo a su labor cotidiana.

No se trata únicamente de asistir a un foro internacional, sino de introducir la labor del ayuntamiento de Tijuana a un sistema internacional de evaluación, comparación y exposición ante estándares globales.

Hay otro elemento importante a considerar. Ismael Burgueño Ruiz no llegó con una agenda aislada, sino con políticas alineadas al proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum.

Esto se puede ver en programas como Tijuana: Ciudad Limpia, Tijuana Iluminada y Tijuana Segura, mismos que son, en sí, la aplicación local de una visión más amplia, donde la política pública mantiene principios de bienestar, orden urbano y seguridad.

Más allá de los desencuentros recientes de la presidenta Sheinbaum con la ONU, la validación de las políticas públicas de municipios gobernados por la 4T le da un nuevo sentido, incluso, a la relación binacional.

En ese sentido, la presencia del alcalde de Tijuana en la ONU proyecta positivamente el modelo federal en el ámbito local.

Tijuana se convierte así en la vitrina de los gobiernos municipales de la 4T y la Escuela Municipalista que ha promovido la presidenta.

En ella, los gobiernos municipales se legitiman no solo ante su ciudadanía, sino la Federación y los organismos internacionales.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no solo apuesta por ampliar el gasto social, sino por la educación pública como el centro del desarrollo nacional para los próximos años.

El mensaje es que las becas no son simples subsidios. Se convierten en auténticos instrumentos de política pública para formar a los mexicanos del futuro.

Bajo esta lógica, cada apoyo económico busca reducir la deserción escolar, cerrar brechas de desigualdad y permitir que los niños y jóvenes estudien a pesar de la vulnerabilidad, que suele afectar la capacidad de ir a la escuela.

La magnitud del programa, que llega a 129.5 millones de becas proyectadas, no solo refleja capacidad presupuestal, sino una decisión que tiene un alcance nacional.

El Estado en la 4T garantiza derechos sociales, en contraste con esquemas anteriores donde la educación dependía de la clase social a la que la familia pertenezca.

En este sentido, Sheinbaum se destaca por mantener la sostenibilidad financiera, la eficiencia en la distribución de recursos y la medición de resultados. Esto permite que el gasto social se mantenga sin corrupción y aplicando el sentido de la austeridad republicana.

Aunque no está confirmado que su salida haya sido por presiones de Cano, la secuencia es demasiado conveniente como para no tomar en cuenta esa posibilidad. 

Sin duda, lo que está a la vista de todos es que el hoy ex fiscal actuó en un caso sensible, hizo su trabajo ante las agresiones del hijo de la alcaldesa en contra de manifestantes. Después tuvo que dejar su cargo, cada quién podrá sacar sus conclusiones. 

El efecto, sin embargo, no fue el que Cano Núñez esperaba. Lejos de perderse, Maldonado comenzó a adquirir legitimidad social. Eso en municipios como San Quintín es especial.

San Quintín es un lugar donde históricamente hay una distancia entre autoridad y ciudadanía, por lo que la historia de un funcionario que "no se dobló" ante una alcaldesa le dio puntos ante la gente que está muy decepcionada y lastimada por la administración municipal. 

Hoy, su nombre empieza a circular como posible candidato a la alcaldía en 2027. Esto no es por una estructura partidista o por el apoyo de una cúpula poderosa, sino por la narrativa de un fiscal que enfrentó al poder y tuvo que pagar el costo de eso.  

En la política de Baja California, el castigo puede convertir al castigado en opción electoral si no se maneja bien el tema, y esa torpeza a Miriam Cano Núñez seguro le costará más de lo que había planeado.

El reciente encuentro encabezado por el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, con diferentes munícipes, legisladores y funcionarios morenistas de primer nivel, fue una señal clara de que "los astros se están alineando".

Mientras algunos perfiles optan por posicionarse desde la declaración pública, la crítica o haciendo ruido en la prensa, lo que se vio en la fotografía difundida recientemente fue distinto.

Lo que se peribió fue a alcaldes, legisladores y operadores territoriales reunidos bajo una misma convocatoria, lo que proyecta capacidad real de organización. 

Ismael Burgueño, fundador de MORENA y su primer candidato a la alcaldía de Tijuana en 2016, parece haber entendido que más que declarar unidad y hacer lo contrario detrás de la cámara, es posible organizar a muchos para que todos salgan en la foto. 

La presencia de figuras como Román Cota, Araceli Brown y Michel Sánchez Allende no solo suma nombres, sino que anexa a la unidad territorios, agendas y redes políticas.

En conjunto, lo que Burgueño hizo fue configurar un bloque que apuesta por la coordinación dentro de la 4T en Baja California, combatiendo la fragmentación que suele ser la regla en momentos como éste. 

La "foto" no es cosa pequeña, sino que construye una imagen de poder sustentada en el liderazgo, unidad y orden. No hubo un destape anticipado, sino el mensaje de que ya se están edificando equipos para competir electoralmente.

Detrás de los 315 mil 331 millones de pesos anunciados, se hay un discurso claro que sabe que la obra pública es legitimidad, y buenas noticias para los ciudadanos.

La presidenta gobierna construyendo carreteras, puentes y repavimentaciones que, además de ser soluciones al problema de la movilidad, representan la voluntad del gobierno de estar presente donde se necesita.

En un país marcado por décadas por la desigualdad, la conectividad se plantea como un acto de justicia, así como una manera de integrar regiones que habían estado rezagadas.

Hay tres valores que atraviesan esta estrategia. Primero, el bienestar social, entendido como mejorar las condiciones de vida de la gente. Segundo, la soberanía territorial, en la que el gobierno no abandona los espacios públicos. Y tercero, el desarrollo económico con enfoque social, generando empleo y mejorando la dinámica económica.

La presidenta ofreció cifras concretas para rendir cuentas, mostrar resultados y demostrar que la administración está actuando para atender un asunto vital para la vida nacional. De esta forma, la infraestructura deja de ser obra y se convierte un tema prioritario en la agenda pública que se materializa en el ojo ciudadano.

No es poca cosa para nada. En un entorno urbano marcado por tensiones entre comercio formal y el informal, optar por coordinación implica asumir costos políticos hoy para construir la estabilidad que se necesita.

El valor principal del acuerdo es el de mantener el orden y darle legitimidad a las acciones.

No es nada más regular el comercio ambulante, sino de hacerlo bajo un principio que evita la confrontación. Es decir, no se combate al ambulante, se combate la irregularidad.

Ese matiz define el tipo de política pública que se intenta construir para el futuro de Tijuana.

Detrás del acuerdo también hay valores como la legalidad para competencia desleal, la equidad económica para proteger al comercio establecido sin excluir al informal y la corresponsabilidad, ya que Burgueño involucró al sector privado en la solución de problemas de la sociedad.

No es casual que CANIRAC respalde la estrategia. Su participación valida socialmente las decisión, además de que esfe tipo de acuerdos reflejan una visión de ciudad donde el desarrollo no es espontáneo, sino organizado y negociado.

En política, acordar es la forma más eficaz de ejercer el poder, y de darle orden a las decisiones que se toman en la vida diaria. Por eso, se vislumbran buenos resultados del acuerdo entre el alcalde y el dinámico sector restaurantero tijuanense.

El mensaje del nuevo secretario de Relaciones Exteriores es claro en que la soberanía como bandera del discurso mexicano, pero con la suficiente flexibilidad para no romper con Estados Unidos en el camino.

Hay que recordar que Velasco fue subsecretario para América del Norte y le tocó la negociación con los estadounidenses.

Velasco no aterriza en terreno neutral, sino que llega al puesto con la revisión del T-MEC en puerta, un proceso que definirá el futuro comercial de México, y su margen de maniobra frente a Washington.

Es ahí donde Velasco inserta la necesidad narrativa de cooperación sin subordinación, misma que será puesta a prueba desde el día uno.

Negociar con Estados Unidos requiere una alta capacidad de manejar el poder.

En migración, el nuevo canciller apuesta el orden, seguridad y el urgente respeto a los derechos humanos. El reto está en que ese equilibrio suele romperse cuando la presión fronteriza aumenta y la política migratoria estadounidense complica el escenario, pensando que este noviembre hay elecciones intermedias en el país del norte.

En seguridad, Velasco buscará una cooperación activa contra drogas y armas. En este contexto, México seguirá coordinándose, pero sin ceder soberanía y control sobre su propio territorio.

Al final, la gestión del nuevo canciller no se medirá por la elegancia de sus principios, sino por su capacidad de resistir la realidad, especialmente la que se impone desde el norte de la frontera.

La salida de Alfredo Álvarez Cárdenas para participar en el próximo proceso electoral confirma que los tiempos ya se adelantaron.

No se trata solo de una aspiración personal del hoy ex secretario, sino de una señal de que las estructuras del poder bajacaliforniano comienzan a reacomodarse.

Desde el Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda envía un mensaje tanto de continuidad como de gobernabilidad hacia afuera, mientras que hacia adentro deja clara la importancia tanto de la disciplina y control del proceso.

En el equipo de la gobernadora no hay ruptura, ni tampoco hay fractura visible, sino orden.

El nombramiento de Juan José Pon Méndez en la Secretaría refuerza esa lógica. El ex consejero jurídico no llega a cambiar nada, sino a garantizar que todo mantenga una debido estabilidad.

En resumen, la operación política del Gobierno de Baja California no se detiene, sino que se redistribuye para adaptarse a los tiempos por venir.

Este tipo de ajustes marcan el inicio de una etapa donde las decisiones adquieren el nivel de estrategias, donde los cargos empiezan a ser plataformas, los relevos se convierten en mensajes y las salidas de funcionarios en lanzamientos políticos.

El tablero bajacaliforniano ya se está acomodando y pronto veremos seguramente nuevos movimientos dentro del partido oficial que, según las encuestas, es el que lidera en la preferencia ciudadana.

Marina del Pilar Ávila Olmeda apuesta por la ruta gobernar desde la obra. Esto significa saber que el desarrollo se materializa en vialidades, servicios y vivienda.

La gobernadora sabe que es necesaria una voluntad política que se sostenga en valores como bienestar social, crecimiento económico, transparencia y competencia leal en las licitaciones.

El mensaje hacia el sector constructor no deja lugar a dudas. No son proveedores, sino más bien aliados estratégicos.

Esa definición revela una visión de gobierno que entiende la infraestructura del Estado, sí, pero con el mercado siempre presente.

Desde el principio, Marina del Pilar se puso como prioridad que la coordinación siga siendo clave para acelerar resultados en las calles.

Sin embargo, la apuesta va más allá del concreto. Al incorporar el Plan Estatal de Vivienda y priorizar a familias de menores ingresos, Marina del Pilar equilibra desarrollo con justicia social. Es decir, no se trata solo construir más, sino construir para quienes históricamente han quedado fuera, como los jóvenes.

La obra pública vuelve, entonces, a posicionarse como un lenguaje común entre la ciudadanía, el gobierno y el sector empresarial involucrado en las actividades de la construcción, como quienes forman parte de la CMIC.

El reto es, por lo tanto, que esas obras logren sostener, en el tiempo, la confianza que hasta el momento se ha concretado.

El apoyo público del influyente diputado federal de MORENA, Alfonso Ramírez Cuéllar, al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, entra en la segunda categoría.

No hay que olvidar que en cierta etapa en que Ramírez fue dirigente nacional, Burgueño era presidente del partido a nivel estatal y, desde entonces, trabajaban en conjunto.

La razón del respaldo es que el hoy alcalde de Tijuana aparece como pieza funcional dentro del Plan Nacional de Vivienda impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Es decir, Ismael Burgueño ha demostrado capacidad de aplicar en el municipio más poblado de México la directriz federal, mediante un trabajo conjunto con la SEDATU de Edna Vega Rangel. Eso es lo que Alfonso Ramírez Cuéllar observó.

La clave de todo está, como lectura política, en la coordinación del gobierno de Tijuana con la SEDATU. La instancia a cargo de Vega Rangel se ha ratificado como un puente institucional.

Burgueño Ruiz, por lo tanto, no está improvisando protagonismo, sino que está operando dentro de una estructura que quiere hogares dignos para todos, especialmente en una zona tan crítica como la frontera norte mexicana.

Ahora bien, el reconocimiento también es expectativa, ya que, si Tijuana es un espacio donde el Plan funciona, los resultados tendrán que ser visibles a través de vivienda accesible para los jóvenes.

Lo interesante es que este movimiento coloca a Burgueño en una narrativa mayor que también le da una ventaja en la contienda interna que se ve en el horizonte de 2027. Tener legitimidad en las acciones de bienestar es en sí una ventaja estratégica.

No se trata de una gran reforma ni de un gran rediseño de alto vuelo, sino de algo básico y significativo. Se trata de que el dinero público llegue completo a quien le pertenece.

La propuesta de eliminar comisiones bancarias a beneficiarios de programas sociales parte de un principio que debería ser obvio. Samaniego busca los apoyos sociales realmente lleven dinero a donde se necesita.

Bajo esa lógica, permitir que una fracción de esos recursos se pierda en cargos financieros implica tolerar una fuga silenciosa que le pega al bolsillo de los beneficiarios.

Lo relevante son los valores que sostienen la iniciativa de Samaniego. Hay una defensa explícita de la dignidad económica, una visión sobre la equidad que no se conforma con transferir recursos, sino que exige garantizar su integridad. 

También hay un reconocimiento de las desigualdades que enfrentan algunas regiones y de acceso, donde retirar efectivo tiene costos adicionales para quienes menos recursos poseen.

Al final, la justicia no solo se define en grandes discursos, sino en esos pequeños cargos que, acumulados, terminan marcando la diferencia. En ese reconocimiento descansa la iniciativa de Armando Samaniego.

Lo que empieza a observarse son los posicionamientos estratégicos por parte de los partidos aliados de MORENA: el PT y el Partido Verde.

Los que están levantando la mano son quienes han gobernado Tijuana, la ciudad mas importante de Baja California en materia social y económica. El PT está poniendo a Montserrat Caballero Ramírez como su posible aspirante, y el Partido Verde a Jorge Ramos Hernández.

Colocar nombres en circulación es una forma de iniciar la negociación. En este escenario, las propuestas de Ramos y Caballero representan el diálogo entre las distintas fuerzas, a pesar de que no hay nada escrito sobre una posible alianza.

MORENA por lo tanto, tiene la opción de buscar la alianza y hacer concesiones a petistas y verdes, así como apostar por una ruta en solitario que implique mayores riesgos, pero también mayor control.

Lo que está en juego no son únicamente nombres o cargos, cómo va a funcionar el poder en la entidad hasta 2033.

La elección de 2027 comienza a delinearse desde la negociación entre Luisa María Alcalde con los líderes de sus aliados, o a nivel local, de Rosina del Villar con los personajes clave del PT o el Verde en Baja California. Así, el camino a la encuesta oficial ya está comenzando.

Marco Tulio Castro Quezada llega a la Dirección Comunicación Social de Ensenada no sólo con una amplia experiencia en periodismo y comunicación política sino con la necesidad de reconstruir. Castro no sustituye a un funcionario cualquiera, sino a una auténtica crisis en la silla que hoy ocupa. Es el relevo de Gabriel Lima Melgar, que salió por la puerta de atrás luego de que lo "cacharan" en un absurdo y fallido intento de sobornar a la periodista Adela Navarro. Por eso, su tarea será dignificar un espacio que suele usarse para la simple difusión de los gobernantes, cuando debe ser un puente entre la sociedad y el gobierno.

Ensenada, uno de los principales destinos turísticos de Pacífico a nivel continental, requiere mecanismos de comunicación para reconstruir legitimidad, mejorar la relación con los medios y no dedicarse solamente a la difusión sino a la creación de una comunicación auténticamente social.

Ahí la importancia del trabajo del nuevo integrante del gabinete de la alcaldesa Claudia Agatón. Su amplia trayectoria combinada en materia de periodismo, periodismo de investigación y comunicación política le otorga la capacidad de fortalecer la relación entre los ensenadenses y su ayuntamiento.

La mancuerna de Castro con Agatón será la clave. El mensaje que ella misma coloca sobre la mesa desde hace tiempo no es poca cosa. Elevar la imagen de Ensenada como el principal destino de cruceros del Pacífico mexicano y las cifras lo respaldan con 360 arribos en 2025, un crecimiento del 24%, y más de 1.3 millones de pasajeros, es decir, un aumento del 30%.

Sin embargo, mientras más alto es el logro, más visible es la exigencia. Ahí la labor de Castro como director de Comunicación adquiere una relevancia fundamental.

Agatón reconoce que, gracias a su gestión, el reto ya no es atraer cruceros, es que la experiencia esté a la altura. Eso abre un frente delicado para Comunicación Social, ya que no basta con decir que llegan barcos de Carnival, Royal Caribbean o Disney, sino hay que sostener con hechos ante la sociedad que Ensenada es un destino turístico de talla global.

El nuevo director, con su camino recorrido, sabe que si algo define a los destinos turísticos exitosos no es la cantidad de cruceros que llegan, sino lo que representan para una comunidad que vive en gran medida del turismo.

Ensenada ya está en el mapa y la comunicación tiene el potencial de hacerlo brillar en conjunto con la sociedad. El reto está ahí, pero también la oportunidad.

En medio de un modelo de salud cada vez más concentrado en la federación, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encontró en el Laboratorio de Salud Pública un espacio para actuar por la gente.

Mientras el discurso nacional insiste en la centralización vía IMSS-Bienestar, Baja California presume una ampliación que no solo triplica su capacidad diagnóstica, sino que reduce tiempos de detección de enfermedades críticas de meses a horas.

Eso es muy relevante, ya que pasar de más de 90 días a 72 horas en diagnósticos de farmacorresistencia no es propaganda, es política pública com resultados.

Esto ocurre en asuntos de vigilancia epidemiológica, un territorio que no terminó de federalizarse y donde los estados, como Baja California, aún operan con margen de acción importante.

Ávila Olmeda entendió algo que muchos gobiernos locales todavía no procesan, y es que cuando la operación se centraliza, es posible encontrar espacios para seguir dando salud a la gente. Modernizar un laboratorio no compite con la federación, pero sí demuestra la voluntad política de la gobernadora.

La federalización reorganiza el poder, pero no elimina la necesidad de liderazgo local, y ese lo asume la gobernadora a través de atender los espacios bajo su jurisdicción.

El posicionamiento desde la conferencia matutina este martes es estratégico. No entra a discutir las acusaciones, sino que pone en duda la legitimidad de quien las emite.

La gobernadora califica los dichos de Bonilla como carentes de sustento, pruebas y fundamentos. Con ello, Marina del Pilar busca poner en duda la credibilidad, lo que abre el debate y lo hace más profundo, sin dar pie a nuevas acusaciones e invitando a pensar más allá de lo que las personas en la política suelen decir.

Ávila Olmeda también introduce un tema moral al señalar que es indigno que un exgobernador actúe sin pensar ante temas que realmente sn muy delicados para México. Al hacerlo, eleva la gobernadora eleva al pueblo de Baja California como referente de altura política, capaz de entender lo que realmente está pasando.

Incluso, mostrando altura de miras, la gobernadora invita al ex gobernador a reflexionar sobre sus dichos, sin amenazarlo, solo procurando que modere sus dichos ante medios de comunicación locales. Por ahora, el conflicto entre Ávila y Bonilla permanece abierto en la arena pública. En los próximos días se sabrán los resultados.

La reapertura del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia no fue, para nada, algo sencillo. La obra implicó la rehabilitación física, ampliación de capacidad y, sobre todo, la reactivación de un espacio institucional que había operado, sí, pero con alcance limitado.

Hoy, con espacios dignos, atención integral y coordinación desde la Secretaría de las Mujeres, el gobierno de Ismael Burgueño envía el mensaje de que la protección, en conjunto con el Centro de Justicia para las Mujeres del gobierno del estado, es algo totalmente real.

Burgueño no solo recorre instalaciones, sino que construye una narrativa de justicia social que es muy representativa de lo que la Cuarta Transformación necesita. Su administración envía el mensaje de que las tijuanenses y sus hijas e hijos no están solas, lo que conecta con una agenda de empatía que es muy necesaria en tiempos turbulentos. Políticamente, la administración tijuanense se alinea a una lógica en la cual el discurso motor es, como todos bien sabemos, el bienestar social.

Sin embargo, el alcalde tiene un verdadero reto. Un refugio no resuelve la violencia estructural, pero sí puede marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la posibilidad de reconstruir familias completas. Algo de incontable valor.

La apuesta de Ismael Burgueño sería intervenir donde, históricamente, el Estado no aparece o llega tarde. Si el refugio se convierte en un espacio de atención digna a todas las beneficiarias, el alcalde construye capital político en un tema muy complejo como es defender a las mujeres de la violencia misógina.

Lo cierto es que el proceso contra Jaime Bonilla complicó mucho al situación. El hecho de que el líder de una de las tres partes de la alianza esté vinculado a proceso y dentro de seis meses (tiempo que dura la investigación) pueda ser sentenciado es algo que complica esa unidad política.

La tensión entre el bonillismo y la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda es real, y eso dificulta que se puedan sentar en la misma mesa a negociar algo tan sensible y delicado como posiciones dentro de una coalición.

No es, pues una diferencia ideológica, son más problemas de personas en particular que se disputan el territorio. La alianza en ese sentido es un campo de batalla que sólo debilitaría al hermano mayor: MORENA. Por eso es que se ve difícil.

Sin embargo, hay voces que piden mesura en este asunto. Aunque el escenario es complejo, saben que una alianza política puede ser rentable, y eso lo saben en el centro del país. Allá también saben que la unidad es señal de gobernabilidad.

En un contexto así de complejo, Baja California se convierte en un estado donde el discurso nacional sigue otra lógica, y eso es algo que caracteriza a esta frontera tan dinámica y particular. El final de la historia está por verse, sin embargo, la alianza se aleja en el horizonte político electoral.

La reciente acción de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en cuanto a incorporar lenguas indígenas como el mixteco y triqui en módulos de atención ciudadana y respaldar económicamente a los intérpretes, no es para nada un hecho aislado. Alcanza el rango de política pública coordinada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La narrativa de la Cuarta Transformación ha insistido en algo que durante muchos años fue considerado algo sin valor. Este movimiento político ha apostado por el reconocimiento de los pueblos originarios ya no como meros símbolos culturales, sino como personas que tienen derechos plenos.

Pero ese reconocimiento se vuelve tangible únicamente cuando el Estado garantiza comprensión. Por eso, traducir esos derechos, como ha hecho la Federación, y traducir trámites, como comienza a hacerlo Baja California, son dos caras de la misma moneda y buscan darles acceso real a sus derechos y a una vida digna a quienes pertenecen a comunidades ancestrales en cuyas lenguas encierran valores y sabiduría milenarias.

Ávila Olmeda parece entender que la cercanía política no se construye únicamente con presencia territorial o programas sociales, sino con el simple hecho de que el ciudadano entienda y sea entendido.

La presidenta y la gobernadora enfrentarán en sus intenciones los retos de ampliar cobertura, profesionalizar intérpretes y evitar que inclusión lingüística se quede en un mero plan. Por lo pronto, ambas lograron colocar un mensaje político, la 4T implica también traducir la sabiduría indígena y ponerla al alcance de todos, mientras, al mismo tiempo se da acceso pleno de los pueblos originarios a los derechos que todo mexicano debe tener.

Decimos esto, amigo lector, porque las palabras de Christopher Teal hacia el alcalde Ismael Burgueño Ruiz no se vieron como una mera cortesía diplomática sino como una señal de que al norte de la frontera ven bien el trabajo de lpresidente muncipal. 

Sucede que el hecho de reconocer su liderazgo en materia de seguridad implica algo más que una felicitación. Es básicamente una validación internacional de que Burgueño es un interlocutor confiable, a pesar de gobernar una de las fronteras más complejas del mundo en uno de los momentos más complejos de la historia moderna. 

Entre Burgueño y Teal hay coordinación y, sobre todo, una agenda compartida con la seguridad escrita con mayúsculas en el centro de la página. En términos de gobernanza, esto coloca a Tijuana en la lógica de ser un actor activo en dinámicas binacionales.

Pero el reconocimiento no fue dicho porque sí. También habla de la voluntad política del propio Burgueño. Los esfuerzos que el cónsul agradece remiten a acciones concretas, a decisiones con costos políticos y responsabilidades en un tema que siempre está siendo observado por la gente. 

La ecuación a estas alturas es bastante clara. En el gobierno de Tijuana hay legitimidad externa y voluntad hacia dentro de las autoridades, especialmente de las relacionadas con la seguridad, que deja de ser un discurso y comienza a ser una política pública con respaldo binacional. Si la colaboración sobrevive a la Tormenta Donald, será porque los cimientos de Tijuana y sus autoridades soportaron los vientos.

Y esa historia de historias que no embonan la protagonizan Evangelina Moreno y Catalino Zavala. 

Por un lado, la diputada federal dice que la alianza a nivel nacional estable: no hay riesgo, no hay indicios, no hay problema. Más allá de las traiciones en la Reforma Electoral y el Plan B, el mensaje de la legisladora parece diseñado a contener la crisis. 

Por el otro lado, el vocero de Morena en el estado, Catalino Zavala, introduce una dosis de realidad que parece ser incómoda para algunos. Quién sabe rápidamente retomó una posición predominante en el partido, reconoce las diferencias locales entre los partidos de la alianza y advierte que es "muy difícil" que una alianza electoral se conrete en Baja California. 

Si bien algunos pueden decir que Moreno habla de la alianza nacional y Zavala de lo local, lo cierto es que el hecho de que tengan posturas tan diferentes dice que no se pusieron de acuerdo y se contradicen respecto a la imagen que le quieren dar a las personas que realmente nos interesamos por la realidad política. 

Mientras la representación federal quiere proyectar control, la vocería estatal admite que las condiciones políticas ya no garantizan la coalición. No hay, entonces, coherencia en el mensaje y eso debilita la capacidad de los líderes hacia sus militantes. Urge que muestren unidad y se pongan de acuerdo. 

El problema no es solo lo que se dice, sino lo que revela. Cuando un actor habla de certeza y otro de dificultad, la idea que surge es que están desarticulados. MORENA debe saber cuál es la postura que tomará, si negar el conflicto o amplificarlo. 

No se trata de si petistas, verdes y morenistas se alinearán en coalición, sino de que sus líderes tengan claro qué quieren y qué observan antes de declarar, de lo contrario más que ayudar terminan por perjudicar a un movimiento político que en sus años de existencia goza de plena legitimidad popular.

Por eso, su acercamiento al PAN es un duro acto de hipocresía. Dicho de otra manera, es un giro que lo coloca frente al mismo espejo que antes utilizaba para intentar exhibir a otros.

El PAN no es para nada lo mejor de la política mexicana y sin duda Gustavo Macalpin perdió todo rastro de credibilidad.

El problema no es que un periodista aspire a competir. El problema es con quién decide hacerlo. El PAN en Baja California arrastra una historia documentada de corrupción, prácticas clientelares y desconexión con la gente que lo llevaron a hilar varios fracasos en las urnas.

No es un vehículo neutro ni una plataforma limpia, es, más bien una estructura que tiene un alto costo representar y sin embargo los frecuenta en fotos del propio dirigente nacional, Jorge Romero.

Al aceptar esa puerta, Macalpin no solo evalúa una candidatura, entregar el capital que le dio origen y lo pierde. La narrativa de "ciudadano independiente" ya no tiene sentido si es un soldado del PAN y sus intereses.

No es un crítico libre, sino parte de un partido que ya le falló a la gente. El panismo lo absorbió y no hay marcha atrás

El PAN no se está abriendo a la ciudadanía, está usando figuras incómodas para neutralizarlas. Y esa es la tragedia detrás de Gustavo Macalpin.

Macalpin aún está a tiempo de decidir qué quiere ser, si se queda como un comunicador o se suma a la maquinaria que asegura criticar. Mientras son peras o manzanas, esa incongruencia no le saldrá nada barata.

La aprobación del llamado Plan B en el Senado fue resaltada por la mandataria estatal y aterrizó el concepto creando el Plan B BC. Es una estrategia muy precisa de la gobernadora. Aunque el proyecto tuvo grandes obstáculos en lo federal, Marina del Pilar lo traduce de forma contundente en lo local.

La idea, afirmó la mandataria estatal, es reducir el presupuesto legislativo y redireccionarlo hacia municipios históricamente rezagados como San Quintín.

La jugada política es doble. Por un lado, se mantiene alineada con la narrativa de austeridad impulsada desde el centro del país, mientras que, por el otro, construye legitimidad territorial al presentar esa austeridad como una herramienta para un bienestar real para la gente.

La gobernadora entiende el lenguaje que la presidenta y lo pone en marcha con su componente cercanía, bienestar, pueblo. No hay ruptura, hay continuidad, y eso tiene valor político.

Marina del Pilar Ávila Olmeda no solo respalda a Claudia Sheinbaum Pardo, sino que extiende sus políticas y logra un cumplimiento adecuado del proyecto federal.

Con ello, la líder del Gobierno de México y de la 4T ya dejó claro cuál es la prioridad de su gobierno en los discursos frente al sector privado, y, especialementre, frente a quienes producen riqueza en el país.

Y el momento en que la presidenta pronunció esas palabras tampoco es para nada menor. La revisión del T-MEC genera inquietudes relacionados con la economía y la presidenta Sheinbaum apunta a una estrategia de estabilidad muy necesaria.

La instalación de una mesa formal de trabajo no resuelve por sí misma las tensiones, pero sí envía la señal de que hay alguien conduciendo los destinos económicos de México.

A esto se suma un anuncio de alto calibre: 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta mediante una nueva ley de infraestructura.

Con este monto, Sheinbaum sostiene que el Estado mexicano coordina las políticas de infraestructura a toda regla. El Plan México, la bandera económica de la administración federal, refuerza esa lógica al apostar por la sustitución de importaciones y la producción nacional.

En paralelo, Sheinbaum introduce ajustes técnicos y al mismo tiempo con una alta relevancia política, como modificar al Código Fiscal para facilitar litigios empresariales, una señal directa al sector que históricamente desconfía de las áreas de Hacienda.

Más que un anuncio aislado, lo que este miércoles se mostró es la imagen de un control general, en la economía, en la seguridad y en un gobierno conjunto con el sector productivo que permite cerrar filas ante los retos que no vienen de México sino del exterior.

La medida no sólo elimina una barrera administrativa, sino que reconoce el valor social de las expresiones religiosas en la comunidad. Eso es una forma de gobernar junto a la gente, de comprender sus tradiciones y poner en primer lugar su identidad colectiva.

Sin embargo, toda decisión requiere ejecución y es ahí donde destaca el papel del secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, quien inmediatamente ejecutó un plan de coordinación con la Arquidiócesis de Tijuana para acuerdos concretos y vigilar orden, seguridad y certeza para los viacrucis que tendrán lugar el viernes 3 de abril.

Esto no es poca cosa, la decisión de Burgueño pasó por el trabajo de León y terminó en una política pública que contuvo una información falsa y la molestia de muchos grupos religiosos.

El resultado que se dio es una combinación. El alcalde prioriza la libertad de culto y la convivencia social, el secretario filtra la decisión con diálogo y organización con la iglesia católica tijuanense. Es una combinación que reduce tensiones, pone orden y seguridad y logra reforzar la legitimidad del gobierno de la ciudad.

Este caso va más allá de la decisión. Va más en el sentido de ajustar las políticas, hablar con la gente y resolver un problema. Al día de hoy, las asociaciones religiosas tijuanenses tienen certeza para sus actividades sin costo y, además, con seguridad y acompañamiento del gobierno.

La vinculación a proceso del exgobernador por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones no solo abre un frente legal, abre un nuevo capítulo en la disputa por el poder rumbo a 2027.

Un juez determinó que existen elementos suficientes para llevar a juicio el caso relacionado con el contrato de la planta fotovoltaica con Next Energy, un proyecto que comprometía miles de millones de pesos a largo plazo sin haberse concretado. El proceso penal ya está avanzando y la fiscalía tiene hasta septiembre para completar su investigación.

Pero el dato político es muy relevante. La trayectoria de Bonilla deja clar oque al día de hoy no es un exgobernador retirado. Es el actual líder del Partido del Trabajo en Baja California, un partido aliado de MORENA y un actor con capacidad de tomar decisiones políticas importantes.

Su situación jurídica impacta directamente con eserol. El PT, que podía operar como aliado incómodo se debilita, y eso reduce su capacidad de negociar con MORENA como "hermano mayor" dentro de la alianza.

Esto tiene consecuencias claras, y una de ellas es que el proceso electoral comienza a ordenarse menos por competencia y más por reacomodos derivados de procesos administrativos o jurídicos, ya que no hay que olvidar que también Bonilla fue inhabilitado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Quienes saben de procesos políticos saben que el 2027 de Baja California no será definido por las campañas legales de la primavera, sino que se definirá en los siguientes meses dependiendo la capacidad real de los actores políticos de enfrentarse a la sociedad y dar la cara en su presente mirando hacia su pasado. La situación del ex gobernador lo demuestra.

No fue un destape, pero para muchos es algo parecido. Hasta hace semanas, Burgueño era el alcalde mejor posicionado rumbo a 2027, con aprobación al alza, y un relativo control del municipio más importante del estado y el más ahbitado del país.

Hoy el tablero se movió, con su liderazgo en la Asociación, su margen de acción se amplía, ya que ahora no solo gobierna Tijuana sino articula la red de alcaldes, es decir, pasa a construir desarrollo desde el territorio.

Como bien sabemos, en la política mexicana el territorio no es metáfora, es estructura, e capacidad de movilización. Eso, por no alargar el tema, define los resultados de los procesos electorales.

El movimiento también tiene, sin lugar a dudas, una lectura interna. Nadie llega a esa posición sin el respaldo necesario.

Burgueño empieza a ser visto como un activo más allá de Baja California, con proyección nacional dentro del ecosistema dentro del morenismo, lo que lo acerca a obtener alguna nominación entre el partido guinda.

Burgueño hoy no solo encabeza encuestas, ya está construyendo poder, e información falsa como los supuestos cobros a los viacrucis muestran el interés de ciertos grupos por afectar su imagen. Lo que suceda a partir de ahí dependerá de los acontecimientos políticos, así como de la capacidad que se tengan en MORENA de un proceso interno limpio y respetuoso del verdadero respaldo popular e institucional.

El responsable de la administración en Tijuana aparece en el radar nacional con un dato que, aunque modesto en apariencia, tiene implicaciones más profundas. Y es que pasar de 52% a 55% de aprobación en dos meses es ya una tendencia.

El ranking de Mitofsky no mide simpatías espontáneas ni aplausos de evento. Mide la percepción ciudadana, y en política eso es básicamente la moneda de cambio.

Estar por encima del 50% indica que al menos por ahora la historia de Burgueño en la administración está dejando una opinión positiva en la mayoría de la gente.

Burgueño no lidera el ranking, pero tampoco lo necesita. Estar en la octava posición entre los alcaldes con mayor crecimiento lo pone en una zona interesante en una estabilidad local. Eso en un municipio tan complejo como Tijuana es notable.

El dato relevante no nada más el porcentaje, sino el momento. El incremento ocurre en un contexto donde la gestión municipal enfrenta presión constante en temas de seguridad, movilidad y servicios. Burgueño sube en aprobación en ese entorno complejo. Los próximos meses dirán cómo evoluciona esa historia política.

Claudia Sheinbaum entiende bien el juego polítio. Su decisión no solo reordena la gestión del agua en el estado, sino que desmantela un esquema donde intermediarios capturaban rentas sin producir en la misma proporción.

Se trata de quitarle el poder al mercado abusivo y darle el control al estado. Con esto habrá también más responsabilidad para el gobierno estatal.

El movimiento va en el mismo sentido de otro de la 4T. Quiere acabar con privilegios creados por abusos diseñados en el periodo neoliberal, devolver recursos al “pueblo” y vincularlo con una tradición histórica que remite a igualdad ante la ley. La estrategia es comunicar que es una nueva etapa para un derecho human básico.

Del lado local, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda supo capitalizar el movimiento con mucha precisión. Usar el término de justicia hídrica enfoca el anuncio. Baja California pasa a convertirse en beneficiario directo de un acto que reordena el tablero en un tema sensible.

La coordinación entre presidenta y gobernadora es ya muy evidente para muchos, aunque hubo quienes quisieron inventar distanciamiento. Sheinbaum define el marco y ejerce el poder, mientras que Ávila lo traduce en legitimidad a nivel local. El que gana es el bajacaliforniano en general.