Lo que señaló este jueves el diputado Jorge Ramos Hernández sobre el asalto en Chapultepec destacan por el valor del diagnóstico político que el legislador coloca sobre la mesa.
Ramos no habla de un robo más, ni de una falla operativa, sino de la posibilidad de que el crimen vuelva a operar desde las corporaciones, lo que el trabajo de las autoridades actuales están trabajando para erradicar.
Esa línea, hay que decirlo, en Tijuana ya se cruzó en el pasado y cuyo costo fue devastador para la ciudad.
La relevancia del mensaje del ex alcalde de Tijuana radica en que es necesario reforzar los procesos para depurar las corporaciones, ya que cuando un delincuente porta uniforme, radio y convoy, el problema deja de ser de seguridad pública y se convierte en una crisis para todos.
No es solo violencia, sino que, señala Ramos, se pierde la confianza de la ciudadanía, que no soporta la sospecha de que quien debería protegerla sea parte del problema.
Políticamente, el posicionamiento resulta necesario. Ramos reconoce los avances sociales del gobierno federal, sin dejar de señalar que, sin depuración permanente de los cuerpos de seguridad, cualquier política social o inversión en equipamiento queda neutralizada.
Con sus palabras, Ramos no se queda en la denuncia. El exhorto al legislativo y la propuesta de una fiscalía especializada trasladan el debate a un nuevo esquema hacia dentro de las distintas instituciones.
En una ciudad donde la memoria del 2007-2010 y su violencia terrible sigue viva, su advertencia es algo preventiva. Tomar en cuenta el pasado recuerda que la seguridad no se pierde solo por balas, sino cuando el uniforme deja de significar confianza. He ahí la importancia de su postura.
