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Elmo Renista
ROCÍO ADAME VUELVE A CENSURAR Y USA LAS LEYES PARA ATACAR A PERIODISTA
En Baja California y en todo el país, los funcionarios que no soportan la crítica y usan el marco legal para atacar a quienes los incomodan son un verdadero riesgo para la libertad de expresión.
Ese es el caso de Said Betanzos. El periodista denunció públicamente lo que considera una persecución política derivada de una queja presentada ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, luego de emitir una opinión crítica sobre la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, quien ya tiene antecedentes en estos asuntos.
El señalamiento gira en torno a una acusación por presunta violencia política en razón de género, herramienta que no es la primera vez que mujeres funcionarias usan para intentar censurar.
Betanzos sostiene que su publicación era, simplemente, opinión periodística y que utilizar esta figura legal para sancionar la crítica representa un uso desproporcionado de una ley que sirve para proteger derechos, no para callar las voces que opinan sobre el gobierno.
El fondo del asunto no es menor. Cuando una autoridad recurre a instancias electorales para lanzarse contra la prensa, sin duda alguna, se corre el riesgo de censura y de intimidación ante miembros de la prensa.
Personajes como Rocío Adame debilitan la democracia. Si por cada vez que la señalen de forma dura lo va a interpretar como violencia política, el espacio público se estrecha y son las familias rosaritenses las que pierden, porque no se enterarán de lo que realmente pasa y vivirán con el temor de que su alcaldesa los demande y use sus contactos para aplastarlos.
Ante lo sucedido, la discusión de fondo es clara. ¿Se está protegiendo un derecho o se está atemorizando a un periodista? Lo que resuelven las autoridades marcará un antes y un después en el ejercicio del periodismo bajacaliforniano.
SE CONFIRMA LA SOSPECHA: FLORES CAMPBELL RENUNCIA A EMPRESA CON CONTRATOS MILLONARIOS
Que Edgardo Flores Campbell, todavía presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, haya renunciado a la sociedad de Grupo Arza es una reacción a que se descubrió un acto de corrupción, aunque pretenda hacerlo ver con transparencia.
Eso, en la política actual, mediatizada y vigilada, no se ve bien, ya que reaccionar cuando la persona ya está exhibida no es lo mismo que rendir cuentas, aunque el ex operador de Genaro García Luna quiera tapar el sol con un dedo.
Cuando un líder ciudadano con funciones de vigilancia al gobierno tiene vínculos empresariales con contratos públicos millonarios, la sociedad sabe que es alguien en que no puede confiar.
La pregunta que deberíamos hacernos no es su poseía el 1 o el 100 % de las acciones, sino por qué seguía ahí mientras la empresa recibía adjudicaciones por más de 170 millones de pesos.
Queda claro que renunciar después de que los medios publican investigaciones no limpia el conflicto de interés que Flores Campbell protagonizo. Es más, confirma que ya no pudo sostener el costo en su reputación y prefirió hacerse a un lado.
Habría que preguntarse: si no hubiera reportajes, ¿habría existido renuncia? Esa es la incómoda pregunta para el presidente un Consejo que debería distinguirse por contar con ciudadanos de ética probada, no ex funcionarios federales cargados de sospecha y contratos milonarios.
Lo que está en juego, así como con otros supuestos líderes empresariales y ciudadanos, es la credibilidad del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de TIjuana. Lo que todos sabemos es que es órgano que debe vigilar, evaluar y señalar las fallas en el gobierno, por lo que de ninguna manera puede estar bajo sospecha de beneficios ilegales.
Aunque no se pruebe ilegalidad, el simple riesgo de que haya colusión con autoridades dinamita la confianza y crece la petición de que Edgardo Flores Cambpell deje el Consejo y sea investigado por eso y por lo que ignoró en la época de García Luna.
Ése debería ser un mensaje para otros líderes civiles y empresariales. La ética no se mide por lo que puede hacer, sino por lo que debe evitar. Salirse cuando el escándalo ya estalló es un simple control de daños. La confianza de los ciudadanos hacia el Consejo está en juego, solo se recuperará renovando cuadros y colocando a personas que puedan hacer valer su propia palabra.
