Mexicali, Baja California.- La Comisión de Bienestar Social, Derechos de Niñez, Adolescencia, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores del Congreso del Estado aprobó tres dictámenes orientados a fortalecer la inclusión, el acceso a programas sociales y la protección de sectores en situación de vulnerabilidad en Baja California.
Durante la sesión ordinaria, encabezada por la diputada Michelle Tejeda, las legisladoras analizaron reformas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes, la protección de personas adultas mayores y la difusión de apoyos de la Secretaría de Bienestar.
Uno de los dictámenes aprobados corresponde a una iniciativa presentada por la diputada Montserrat Murillo, que busca incorporar la cultura de la paz dentro del derecho a la educación en la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
La propuesta plantea que niñas, niños y adolescentes se formen en entornos escolares que promuevan el respeto, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, como parte de una educación integral.
También fueron dictaminadas iniciativas presentadas por la diputada Adriana Padilla y el diputado Ramón Vázquez, enfocadas en reformar la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.
Ambas propuestas coinciden en reforzar la obligación del Estado de proteger a este sector, reconociendo a las personas adultas mayores como un grupo en situación de vulnerabilidad. Las reformas plantean incluir de manera expresa conductas como la coacción, el trabajo forzado y cualquier actividad que pueda afectar su dignidad, integridad o derechos.
Durante la misma sesión se aprobó una iniciativa de la diputada Michelle Tejeda para modificar la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social, con el propósito de mejorar la forma en que se difunden los programas, apoyos y convocatorias de la Secretaría de Bienestar.
De acuerdo con lo expuesto en la Comisión, la propuesta surgió a partir de inquietudes de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que señalaron dificultades para acceder a apoyos existentes por falta de información clara y oportuna.
La reforma busca eliminar la obligación de publicar convocatorias en medios impresos de alto costo y sustituirla por mecanismos oficiales y digitales, como el Periódico Oficial del Estado, las páginas institucionales del Gobierno y de la Secretaría de Bienestar, así como redes sociales oficiales.
Con ello, se pretende que la información sobre programas sociales llegue de manera más accesible a la población, al mismo tiempo que se reducen gastos en difusión impresa.
