MEXICALI.- Con el objetivo de reconocer y atender las agresiones y actos de discriminación que enfrentan las docentes en los centros educativos, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa para tipificar la violencia docente en Baja California.
La propuesta plantea adicionar una fracción a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el propósito de incluir formalmente a las maestras y alumnas como víctimas dentro del marco legal vigente.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y estudio.
Al exponer los motivos de la reforma, la legisladora señaló que las maestras, particularmente las docentes jóvenes, aquellas con limitaciones o características físicas diversas, así como quienes se encuentran en determinadas condiciones sociales o académicas, enfrentan conductas que afectan su autoridad pedagógica y su estabilidad emocional debido a prejuicios de género ejercidos por directivos, prefectos o compañeros varones.
La propuesta busca proporcionar un marco jurídico explícito para que los órganos de control interno de la Secretaría de Educación y las Comisiones de Honor y Justicia de universidades públicas y privadas puedan activar protocolos específicos de género cuando una docente denuncie agresiones o actos de discriminación en su centro de trabajo.
Asimismo, pretende evitar que las denuncias presentadas por maestras sean desechadas o minimizadas bajo el argumento de que las disposiciones sobre violencia escolar protegen únicamente a las estudiantes.
Dentro de la exposición de motivos también se contempla impulsar de manera coordinada la implementación de Senderos Seguros en los municipios, mediante acciones de recuperación de espacios públicos, iluminación adecuada, infraestructura peatonal accesible, señalización, sistemas de videovigilancia y botones de auxilio para fortalecer la movilidad segura y la prevención de la violencia contra las mujeres.
La diputada señaló que la iniciativa no generará impacto presupuestario negativo ni requerirá recursos extraordinarios para el Estado, ya que la reforma se basa en optimizar y redefinir las facultades de las estructuras jurídicas, administrativas y de derechos humanos ya existentes dentro del sistema educativo e institucional.
