La presunta red de "huachicol" fiscal por la que fue detenido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, operaba con apoyo de al menos dos agentes aduanales que habrían validado documentos con información falsa para permitir el ingreso ilegal de combustibles desde Estados Unidos, según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los agentes aduanales Víctor José Carretero Zardeneta y Juan Hermilo Chávez Rodríguez desempeñaron un "rol fundamental" al autorizar 40 pedimentos de importación en los que se declaró únicamente una décima parte del combustible que realmente ingresó al país.
La investigación señala que entre abril y junio de 2025 la red habría introducido de forma ilegal más de 18 millones de litros de gasolina y diésel por las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, con lo que presuntamente se evadió el pago de más de 164 millones de pesos en impuestos.
Según la FGR, ambos agentes estamparon su firma electrónica en documentos que sirvieron para ingresar la mercancía al país, por lo que su participación habría sido indispensable para concretar el esquema de contrabando.
En el caso de Carretero Zardeneta, la Fiscalía sostiene que reportó cargamentos de cloruro de calcio cuando en realidad transportaban más de 111 mil litros de diésel y gasolina. Además, las autoridades señalan que ya contaba con dos órdenes de aprehensión y que era investigado por otro presunto caso de "huachicol" fiscal ocurrido en 2023.
Por su parte, Chávez Rodríguez habría validado 38 pedimentos relacionados con la empresa Ingemar, de la que Ernesto Ruffo es socio, mediante los cuales presuntamente ingresaron combustibles en volúmenes superiores a los declarados.
Ambos agentes forman parte de las 25 personas contra quienes una jueza federal libró órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.
De acuerdo con la FGR, Ruffo Appel y los demás imputados diseñaron un esquema que involucró a 11 empresas para introducir ilegalmente 18.2 millones de litros de hidrocarburos mediante 163 carrotanques, causando un presunto daño al fisco superior a 166 millones de pesos.
