CEUTA.- La crisis migratoria que atraviesa Ceuta volvió a quedar expuesta durante la madrugada de este viernes, luego de que se registraran varios incendios en distintos puntos de la ciudad española, entre ellos el polígono industrial del Tarajal y las inmediaciones de la playa del Trampolín. El incidente de mayor magnitud destruyó 42 viviendas improvisadas utilizadas por personas migrantes. No se reportaron personas heridas ni fallecidas.
Los incendios ocurrieron en zonas cercanas a asentamientos de población migrante, por lo que la Policía y el servicio público de Bomberos mantienen abiertas las investigaciones para determinar si los siniestros fueron provocados y establecer quiénes estarían detrás de los hechos.
La situación ocurre en medio de una crisis que mantiene a miles de migrantes viviendo en las calles de Ceuta. De acuerdo con la información proporcionada, más de 5 mil personas permanecen en la vía pública mientras esperan que las autoridades españolas resuelvan sus solicitudes de asilo o determinen su repatriación. Los espacios de acogida temporal se encuentran saturados y el campamento habilitado en el Puerto de Ceuta todavía está en construcción.
Ante la falta de capacidad en los albergues, algunos migrantes han recurrido a la construcción de refugios improvisados, conocidos como “chabolas”, elaborados con materiales de desecho y basura. La vulnerabilidad de estos asentamientos ya había quedado evidenciada el pasado 20 de agosto, cuando un incendio en la playa del Trampolín consumió colchones y pertenencias de decenas de migrantes y fue atribuido a un grupo de ultraderechistas.
La crisis también ha generado un conflicto político dentro del gobierno español. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentó su dimisión y acusó a su superior de “mentir” al afirmar que no había recibido una alerta del Centro Nacional de Inteligencia sobre una inminente entrada masiva de migrantes. Sanz sostuvo que dicha información sí había sido transmitida, una versión que posteriormente habría quedado respaldada por 40 documentos desclasificados. El Gobierno central, sin embargo, mantiene su postura de que no recibió esa alerta.
