La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión volvió al centro del debate luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) inició la consulta pública de los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias. Aunque el Gobierno federal sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho a recibir información veraz, distintos organismos y representantes de la industria han expresado preocupaciones sobre algunos de sus alcances, motivo por el que ha sido bautizada por algunos sectores como la "Ley Censura".
Pero, ¿qué establece realmente esta legislación y qué cambia para los medios de comunicación?
Actualmente, los lineamientos que se encuentran en consulta pública aplican únicamente a concesionarios de radio y televisión, tanto abiertos como de paga, así como a programadores comerciales, públicos y sociales. La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto para recibir opiniones de ciudadanos, académicos, organizaciones civiles y empresas del sector.
Entre los principales cambios, los medios deberán contar con un Código de Ética, designar una persona defensora de las audiencias y establecer mecanismos para atender quejas cuando los usuarios consideren que alguno de sus derechos fue vulnerado. Además, deberán distinguir de forma clara cuándo un contenido corresponde a información noticiosa, opinión o publicidad, garantizar el derecho de réplica y ofrecer medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
En caso de que una persona presente una inconformidad, la primera instancia será la Defensoría de las Audiencias del propio medio. Si la recomendación emitida por esa defensoría no es atendida o la persona considera que sus derechos no fueron restituidos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir e iniciar el procedimiento previsto en la ley, que contempla sanciones en determinados casos.
¿Por qué algunos la llaman "Ley Censura"?
La polémica no surge porque la ley establezca que el Gobierno pueda autorizar o prohibir contenidos antes de su publicación, sino por las preocupaciones expresadas por organismos del sector respecto a la manera en que algunos conceptos podrían interpretarse y aplicarse.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), por ejemplo, respaldó el objetivo de fortalecer los derechos de las audiencias, pero advirtió que algunos apartados del proyecto podrían requerir ajustes para evitar interpretaciones discrecionales, además de expresar inquietud por el esquema de sanciones y la posibilidad de que la CRT revise decisiones de las defensorías de las audiencias. En el mismo sentido, organizaciones como Artículo 19 han señalado que será importante garantizar la independencia del nuevo órgano regulador para proteger la libertad de expresión.
Por su parte, el Gobierno federal rechaza que exista censura. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que los lineamientos buscan garantizar el derecho de las audiencias a recibir información veraz y que el modelo privilegia la autorregulación de los propios medios mediante sus códigos de ética y defensorías. Además, ha señalado que los lineamientos aún no son definitivos, ya que permanecen en consulta pública.
Hasta ahora, los lineamientos no contemplan mecanismos para revisar previamente los contenidos que publican los medios ni otorgan a la autoridad la facultad de decidir qué información puede difundirse. Sin embargo, el debate continúa abierto sobre la forma en que algunas disposiciones podrían aplicarse una vez que la regulación quede definitiva.
