MÉXICO.- MÉXICO.— Estados Unidos ya comenzó a decir abiertamente qué desea de México en materia energética. Chris Wright, secretario de Energía del gobierno de Donald Trump, aseguró que el país debería abrir más su petróleo y sus recursos a la inversión extranjera. Incluso comparó el modelo mexicano con el de Venezuela y habló de impulsar reformas empresariales y constitucionales.
México no tiene completamente cerradas sus puertas. Empresas privadas y extranjeras ya participan en proyectos energéticos, pero lo hacen bajo reglas que mantienen al Estado al frente de sectores estratégicos. En electricidad, la CFE debe conservar al menos 54% de la generación, mientras los particulares pueden intervenir hasta con 46%. También existen contratos y asociaciones en el sector petrolero.
Lo preocupante aparece cuando un funcionario estadounidense habla de cambiar las leyes mexicanas para facilitar el acceso a esos recursos. Wright reconoció que México posee grandes reservas y, al preguntarle si debía permitir una mayor entrada de capital extranjero, respondió: “Sí, creo que deberían”. Sus palabras muestran que Washington quiere ampliar la presencia de sus empresas en sectores estratégicos del país.
Venezuela deja una advertencia cercana. Después de la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro, se aceleraron reformas para abrir el petróleo y la minería al capital extranjero. Estados Unidos flexibilizó sanciones, pero también impuso condiciones sobre los pagos, los contratos y la participación de sus empresas. La intervención política terminó acompañada por una reorganización de los recursos venezolanos.
Por eso, los acercamientos de Washington con gobiernos estatales del PAN, como Chihuahua y Querétaro, deben mantenerse bajo vigilancia pública. Se necesita conocer qué reuniones se celebran, qué proyectos se ofrecen y qué compromisos pueden adquirirse. Cuando están en juego el petróleo, el gas, el litio o los minerales, ningún acuerdo debería manejarse lejos del escrutinio ciudadano.
México puede recibir inversión y tecnología, pero bajo sus propias leyes y sin perder el control de sus riquezas. Reforzar la vigilancia no significa cerrar el país; significa impedir que intereses extranjeros condicionen sus decisiones. La soberanía también se defiende revisando quién quiere entrar, qué busca obtener y cuánto terminaría ganando con los recursos mexicanos.
