CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este martes 20 de octubre las versiones sobre un supuesto acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para encarcelar al exfiscal César Jáuregui Moreno a cambio de ofrecerle una embajada, y aseguró que su administración no interviene en las decisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria desestimó los señalamientos relacionados con el denominado “pacto del aeropuerto”, una versión que plantea la existencia de negociaciones entre ambos gobiernos para determinar el futuro judicial del exfuncionario estatal.
“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia. Eso lo digo con toda claridad”, afirmó Sheinbaum, quien calificó esas versiones como “periodismo de chisme” y “periodismo de ficción”.
La controversia surgió después de que un reportero preguntara sobre las publicaciones que atribuían a la presidenta un presunto acuerdo con la gobernadora panista, mediante el cual esta última recibiría una representación diplomática como compensación por la detención del exfiscal.
Sheinbaum aseguró que desconocía esa versión y cuestionó la posibilidad de que las autoridades pudieran negociar detenciones por intereses políticos.
“Imagínense, ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel o qué. No, pues no”, expresó.
La presidenta también aclaró que sus declaraciones anteriores no significaban una exoneración de Maru Campos respecto de las investigaciones relacionadas con un operativo en Chihuahua en el que habrían participado agentes estadounidenses sin las autorizaciones correspondientes.
El caso tiene su origen en un accidente carretero ocurrido en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes del gobierno de Estados Unidos que, de acuerdo con la explicación presidencial, viajaban acompañados por personal de la Fiscalía estatal.
Los agentes habrían participado en actividades relacionadas con un supuesto operativo contra un laboratorio de metanfetaminas, aunque Sheinbaum señaló que no se desmanteló ninguna instalación de ese tipo.
La mandataria cuestionó la participación de autoridades estatales en una operación de esas características y sostuvo que las acciones relacionadas con delitos de competencia federal corresponden a las instituciones facultadas para investigarlos.
También explicó que el gobierno federal revisó la situación migratoria y las autorizaciones de los agentes extranjeros conforme a la Ley de Seguridad Nacional, tras lo cual se detectó, según su versión, que no contaban con los permisos necesarios para participar en ese tipo de actividades.
Sheinbaum consideró que el desplazamiento nocturno por una carretera de la Sierra Tarahumara representó una decisión irresponsable debido a las condiciones de riesgo de la zona.
A partir de estos hechos, la Fiscalía General de la República inició una investigación para determinar las circunstancias de la participación de los agentes estadounidenses y las posibles responsabilidades de funcionarios de Chihuahua.
De acuerdo con la explicación presidencial, las indagatorias identificaron presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional atribuidas al exfiscal César Jáuregui Moreno, particularmente por la relación institucional con agencias extranjeras.
La mandataria precisó que corresponde al Ministerio Público presentar los elementos de prueba ante la autoridad judicial, que deberá determinar las responsabilidades conforme a derecho.
Asimismo, señaló que la propia administración estatal presentó una denuncia relacionada con los hechos y que se solicitó una orden de aprehensión cuya procedencia fue evaluada por las autoridades correspondientes.
Sobre la posibilidad de que el caso involucre acusaciones por traición a la patria, Sheinbaum hizo referencia a lo inusual de ese tipo de procedimientos, aunque la eventual configuración de cualquier delito deberá establecerse mediante el proceso judicial.
La presidenta insistió en que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley, sin acuerdos políticos ni decisiones anticipadas sobre la responsabilidad de los involucrados.
