La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para combatir la piratería y el uso fraudulento de logotipos oficiales, en medio de una discusión sobre sus posibles efectos en el periodismo y el humor político. La oposición exige que estas expresiones queden protegidas de manera explícita, mientras Morena y sus aliados niegan que la propuesta busque castigarlas.
El dictamen recibió 23 votos a favor y 10 en contra, de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Sin modificaciones al documento enviado por el Senado, la comisión lo remitió a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno. Este avance todavía no convierte la reforma en una ley vigente.
El principal desacuerdo gira en torno al artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Este apartado contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización por el uso indebido de la identidad gráfica oficial con fines de engaño y fraude.
Para los legisladores de oposición, el problema es que el texto no excluye expresamente a las caricaturas, las parodias, las publicaciones periodísticas y otros contenidos de crítica política. Advirtieron que esa falta de claridad podría dar lugar a interpretaciones judiciales que generen temor a publicar, incluso sin que exista una condena.
La diputada panista Paulina Rubio Fernández calificó la propuesta como una “manzana envenenada” y cuestionó que no se incorporara un párrafo para proteger estas actividades. El priista Arturo Yáñez también pidió distinguir claramente entre los contenidos humorísticos y las conductas fraudulentas.
“No se hagan bolas, la diferencia entre una estafa y una carcajada debe quedar bien clara. Cuando una persona calla por miedo a una investigación, la libertad ya se perdió, aunque no haya condena alguna”, expresó Yáñez.
Morena rechazó esos señalamientos y sostuvo que llamar a la propuesta “ley antimemes” distorsiona su contenido. La diputada Piceno aseguró que las sanciones no se aplicarían por el simple hecho de publicar una caricatura sobre un personaje político.
Según explicó, deben coincidir tres condiciones para configurar el delito: utilizar identidad gráfica institucional o documentos oficiales, hacerlo a escala comercial y tener la intención de engañar para cometer un ilícito. “Si llegase a faltar uno sólo de estos elementos, no hay delito”, afirmó.
El diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja respaldó la reforma y señaló que busca proteger el trabajo de autores y creadores, además de combatir la suplantación de identidad y las páginas que se hacen pasar por sitios oficiales para estafar a la población.
La discusión continuará en el pleno de la Cámara de Diputados, donde la oposición anunció que insistirá en establecer excepciones expresas para el periodismo, la sátira y la crítica política.
