El caso se remonta a abril de 2026, cuando agentes estadounidenses participaron en actividades vinculadas con un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara. Tras el despliegue, un accidente vehicular provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos. Las autoridades federales investigan cómo se autorizó la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del país.
Jáuregui, quien dejó la Fiscalía estatal en abril, fue detenido el 17 de octubre en el marco de las investigaciones. La Fiscalía estatal lo señala por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, mientras que la Fiscalía General de la República también lo investiga por la posible participación no autorizada de agentes extranjeros en operaciones en territorio mexicano. Los cargos deberán resolverse en los tribunales.
La captura generó críticas de personas cercanas al exfiscal, quienes calificaron la actuación del gobierno estatal como una traición política. Jáuregui, por su parte, publicó una carta en la que negó haber cometido delitos y acusó a Campos de faltar a la verdad sobre lo ocurrido. También pidió a la dirigencia y a la militancia panista que defiendan su derecho al debido proceso.
La gobernadora ha rechazado haberlo traicionado y sostiene que la colaboración con autoridades extranjeras debe realizarse mediante los canales institucionales y con apego a la ley. También afirmó que nadie que haya trabajado en su administración está por encima de la justicia.
La controversia también alcanzó a la dirigencia panista. La detención de un exfuncionario que había sido aliado de Campos durante años expuso diferencias dentro del partido, que previamente había cerrado filas en defensa de la gobernadora frente a los cuestionamientos por la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.
En el debate político también se han planteado preguntas sobre cuándo tuvo conocimiento la administración estatal de la participación de agentes extranjeros y por qué no se habrían denunciado antes posibles irregularidades. Sin embargo, esas afirmaciones forman parte de los cuestionamientos públicos y deben distinguirse de los hechos que acrediten las investigaciones.
El caso continúa abierto en las vías estatal y federal. Mientras avanzan los procedimientos, las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la cadena de decisiones que permitió la intervención de personal extranjero en el operativo.
