MÉXICO.- Vicente Fox acaba de reabrir aquella herida con una declaración que retrata su manera de entender el poder: “hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso”. El expresidente aseguró que quería dejar la Presidencia en manos del PAN y que no habría entregado la banda a un candidato de otro partido. Para explicarlo, comparó la sucesión presidencial con decidir quién queda al frente de una empresa.
La historia comenzó mucho antes de la noche electoral. Durante la campaña, el PAN difundió anuncios que presentaban a López Obrador como un peligro para México. La intención era sembrar miedo alrededor de una posible victoria del candidato de la coalición encabezada por el PRD. La confrontación también incluyó acusaciones de corrupción contra Calderón y de mentiras contra López Obrador. El debate terminó convertido en una pelea por desacreditar al adversario.
Desde la Presidencia, Fox aportaba sus propias advertencias contra el populismo, la demagogia y las promesas imposibles. No necesitaba mencionar nombres para que se entendiera hacia quién iban dirigidas. Ahí estaba el señalamiento de intromisión: el mandatario aprovechaba la exposición de su cargo para intervenir en una competencia en la que debía mantenerse al margen. La presión llevó a un acuerdo entre los ocho partidos para frenar las campañas negativas y pedir neutralidad a los gobernantes.
El 2 de julio llegó la votación y, por la noche, la incertidumbre. A las once, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció que el conteo rápido no permitía identificar una tendencia con suficiente certeza y pidió esperar los cómputos oficiales. Inmediatamente después apareció Fox con un mensaje similar. La secuencia alimentó sospechas de coordinación: después de meses tomando partido, el presidente aparecía acompañando el anuncio de la institución que debía conducir la elección con independencia.
López Obrador y Calderón se proclamaron ganadores esa misma noche. Después vino la controversia por las actas inconsistentes que inicialmente quedaron fuera del PREP: alrededor de 2.5 millones de votos que estaban registrados por separado debido a errores o problemas en sus documentos. López Obrador denunció un fraude cibernético; el IFE defendió el procedimiento acordado previamente con los partidos. Las explicaciones no frenaron la desconfianza y tomó fuerza la exigencia de contar voto por voto, casilla por casilla.
Pasaron cuatro días para que el cómputo distrital diera a Calderón una ventaja de apenas 243,934 votos, equivalente a 0.58 puntos porcentuales. La coalición de López Obrador impugnó los resultados y exigió abrir todos los paquetes. El PAN defendió su triunfo y atribuyó la ventaja inicial del perredista en ese cómputo a retrasos en distritos favorables a Calderón. El 30 de julio, la disputa pasó a ocupar las calles con un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma.
El Tribunal ordenó un recuento parcial de 11,839 casillas, sin conceder la revisión total que reclamaba López Obrador. Finalmente, el 5 de septiembre, 65 días después de la votación, validó la elección y declaró presidente electo a Calderón, con una diferencia definitiva cercana a 0.56 puntos. El conflicto continuó: el 16 de septiembre, la Convención Nacional Democrática proclamó a López Obrador “presidente legítimo”, y el 20 de noviembre rindió protesta simbólica en el Zócalo.
Pero la validación tampoco dejó intacta la actuación de Fox. El propio Tribunal consideró que su intervención puso en riesgo la validez de los comicios. Sus declaraciones actuales devuelven el foco a esa conducta: un presidente que entendía la continuidad de su partido como una tarea personal.
Quienes hoy se presentan como guardianes de la democracia tienen ahí una prueba de congruencia. Defender la independencia electoral también exige cuestionar al aliado que presume haber intervenido para conservar el poder.
