San Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, avanza hacia una nueva candidatura presidencial de cara a 2027, en medio de un escenario político marcado por la popularidad de su estrategia de seguridad, pero también por fuertes cuestionamientos sobre concentración de poder, derechos humanos y el cambio de reglas que le abrió la puerta a mantenerse en el cargo.
El mandatario fue designado por su partido, Nuevas Ideas, como candidato presidencial para buscar un tercer período consecutivo, luego de una reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por un Congreso controlado por su propia fuerza política. Con ese cambio, El Salvador habilitó la reelección presidencial indefinida, amplió el mandato de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.
Aunque Bukele defiende que la reforma fue aprobada por una supermayoría legislativa surgida de las urnas, sus críticos señalan que el presidente está compitiendo bajo reglas diseñadas por el mismo bloque político que lo respalda. Esa es la línea delicada sobre la que avanza su proyecto: presentarse como un líder legitimado por el voto, pero dentro de un sistema donde su partido controla los principales resortes institucionales.
La polémica creció después de que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de WOLA, cuestionara la reelección indefinida al comparar a El Salvador con países como Venezuela y Nicaragua. Bukele respondió que también existen modelos sin límite estricto de reelección en países como Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia y otros sistemas parlamentarios, acusando que la intención de sus críticos es hacer que el caso salvadoreño “suene mal”.
Sin embargo, la comparación también abrió debate, porque El Salvador no opera bajo un modelo parlamentario como varios de los países citados por Bukele, sino bajo un régimen presidencial, donde la concentración del poder en una sola figura suele generar mayores alertas democráticas. Para la oposición y organizaciones internacionales, el problema no es solo la reelección, sino el contexto en el que se aprobó: una reforma exprés, con un Congreso dominado por Nuevas Ideas y con instituciones señaladas por su cercanía al presidente.
Bukele sostiene que cada pueblo elige su propio camino y que las elecciones salvadoreñas han sido observadas por representantes internacionales sin que organismos multilaterales o países hayan desconocido formalmente sus resultados. Bajo ese argumento, el mandatario intenta presentar su posible tercer mandato como una decisión democrática y no como una imposición desde el poder.
Su principal fortaleza sigue siendo la seguridad. La reducción histórica de la criminalidad y el debilitamiento de las pandillas le han dado altos niveles de apoyo popular. Pero ese mismo modelo también ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias, abusos bajo el estado de excepción y debilitamiento de libertades civiles.
De cara a 2027, Bukele llega con una ventaja política evidente, pero también con una discusión abierta sobre los límites del poder. Su carrera por un tercer mandato no solo mide su popularidad, sino también hasta dónde puede estirarse el marco constitucional cuando el mismo partido gobernante tiene la fuerza suficiente para modificarlo a favor de su líder.
