La medida fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y está relacionada con la presunta participación del exmandatario en los bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
De acuerdo con las autoridades, los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, además de dejar 16 personas fallecidas, 13 de ellas por la falta de atención médica derivada de los cortes carreteros. El Gobierno también estima pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
La denuncia fue presentada por líderes cívicos de Santa Cruz y posteriormente respaldada por el Ministerio de Gobierno. La investigación también alcanza a dirigentes sindicales y campesinos presuntamente vinculados con las protestas.
Por su parte, Evo Morales negó haber promovido la salida del presidente Paz y sostuvo que las movilizaciones buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de los sectores inconformes.
El exmandatario permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por simpatizantes para evitar otra orden de captura relacionada con un proceso por trata agravada de personas, caso por el que también enfrenta un juicio en Bolivia.
