Nueva York y otros 20 estados, además del Distrito de Columbia, demandaron al gobierno de Donald Trump para bloquear una nueva regla migratoria que amplía los criterios con los que funcionarios de inmigración pueden determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública” y, con ello, afectar su posibilidad de obtener una visa o la residencia permanente en Estados Unidos.
La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal federal en Nueva York. La fiscal general del estado, Letitia James, encabeza la impugnación estatal. De manera paralela, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza una coalición de ciudades que presentó una demanda similar contra la nueva política.
La norma está prevista para entrar en vigor el viernes y permitiría a los funcionarios de inmigración considerar una gama más amplia de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes migratorias. Entre ellos podrían estar Medicaid, cupones de alimentos y vales de vivienda.
La figura de “carga pública” existe desde hace décadas dentro de la legislación migratoria de Estados Unidos. Bajo este criterio, el gobierno puede negar una visa o una tarjeta de residencia si determina que una persona probablemente dependerá principalmente de la asistencia pública para vivir.
Durante años, los funcionarios se concentraron principalmente en beneficios en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y el Ingreso de Seguridad Suplementario. La administración Trump modificó este enfoque durante su primer mandato para incluir también determinados beneficios que no se entregan en efectivo, entre ellos Medicaid y vales de vivienda.
En 2022, durante el gobierno de Joe Biden, la regulación volvió a excluir esos beneficios de la evaluación. La nueva medida de Trump busca nuevamente ampliar los elementos que pueden ser considerados y, de acuerdo con la demanda, no establece una lista específica de programas de asistencia que quedarían fuera.
La preocupación de los estados está relacionada con el efecto que la nueva política podría generar entre las familias inmigrantes que tienen derecho legal a recibir determinados apoyos.
Los demandantes sostienen que algunas personas podrían dejar de solicitar Medicaid, asistencia alimentaria, ayuda para la vivienda u otros beneficios por temor a que utilizarlos pueda perjudicar posteriormente su proceso migratorio. La demanda señala que esto podría afectar especialmente a familias de estatus migratorio mixto, en las que algunos integrantes son ciudadanos estadounidenses.
La nueva regulación también contempla la posibilidad de considerar beneficios recibidos por familiares. Esto significa que una familia podría evitar solicitar un programa al que tiene derecho debido a las posibles consecuencias que percibe para el proceso migratorio de uno de sus integrantes.
Mamdani ha advertido que el temor podría llevar incluso a personas que siguen siendo plenamente elegibles para recibir asistencia a dejar de utilizar esos programas o evitar acudir al médico. El alcalde sostiene que las comunidades inmigrantes no deben ser consideradas una carga y que la política puede terminar afectando a familias que legalmente tienen derecho a recibir ayuda.
Los estados también plantean un impacto económico. De acuerdo con los documentos judiciales, estiman que a nivel nacional podrían perder alrededor de 4 mil 50 millones de dólares anuales en transferencias federales destinadas a Medicaid y CHIP si disminuye la participación en estos programas. De esa cantidad, calculan que los estados demandantes podrían perder cerca de 2 mil 200 millones de dólares.
CHIP es un programa de seguro médico para niños de familias de bajos ingresos que no califican para Medicaid.
Además del posible impacto financiero, los estados argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional está excediendo su autoridad y que la nueva regulación es arbitraria porque, según sostienen, no tomó adecuadamente en cuenta las consecuencias que podría generar.
La demanda no busca una compensación económica. Los estados están pidiendo al tribunal que bloquee la nueva regulación, la invalide y prohíba al Departamento de Seguridad Nacional aplicarla.
La administración Trump defiende la medida bajo el argumento de que busca cumplir con la intención del Congreso de que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de beneficios públicos financiados por los contribuyentes.
