PARAGUAY.- ¿Qué es más importante: resolver la situación de millones de ciudadanos afectados o hacer pagar a quien tuvo la culpa? Esa pregunta atraviesa la discusión en Paraguay tras la crisis de Ueno Bank, donde la urgencia de devolver los ahorros convive con las exigencias de investigar responsabilidades y definir el futuro del presidente Santiago Peña.
La intervención del banco dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas. El conflicto alcanzó al mandatario por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo relacionado con la entidad y por los recursos públicos depositados en ella, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social, encargado de administrar jubilaciones y servicios de salud.
Renunció, pero Diputados mantuvo la acusación
Este jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados discutía las acusaciones, Peña presentó su renuncia. Minutos después, los 78 legisladores presentes aprobaron por unanimidad enviarlo a juicio político ante el Senado. La dimisión no frenó la votación ni significó que dejara automáticamente la Presidencia.
Los señalamientos incluyen presuntos conflictos de interés, decisiones regulatorias que habrían favorecido al banco, concentración de fondos públicos, posibles beneficios patrimoniales y omisiones en la supervisión financiera. Diputados formuló la acusación; corresponde al Senado escuchar la defensa y decidir si existen motivos para declararlo culpable y destituirlo.
La renuncia abrió otra disputa: si el Congreso la acepta y el juicio no concluye con una declaración de culpabilidad, Peña podría acceder a una senaduría vitalicia y a sus fueros. Sus opositores consideran que esa vía le permitiría abandonar el Ejecutivo conservando protección.
El oficialismo abandonó la sesión sobre la renuncia
Horas después, diputados y senadores se reunieron para resolver si aceptaban la dimisión. Ahí terminó la unanimidad: un sector del oficialismo buscaba aprobarla y facilitar la sucesión presidencial, mientras opositores y legisladores disidentes insistían en continuar el juicio político.
Durante la votación, diputados oficialistas abandonaron el recinto al advertir que no reunían los apoyos necesarios para aceptar la renuncia. La sesión quedó sin cuórum y no pudo concluir. La dimisión siguió pendiente y Peña permaneció formalmente en funciones.
Tras ese episodio, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, anunció que el Senado continuaría con el procedimiento iniciado por Diputados. Para destituir a Peña se requieren al menos 30 votos de los 45 senadores. Esta declaración de culpabilidad también lo excluiría del beneficio de ser senador vitalicio.
Peña promete defenderse y pide resolver los pagos
Después del desacuerdo legislativo, Peña publicó en redes sociales que se presentará al juicio político y ejercerá su defensa con argumentos y pruebas. También aseguró que colaborará para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.
En el mensaje, sostuvo que la devolución de los depósitos debe avanzar independientemente de su futuro: “La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”. Pidió calma y afirmó que esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben atenderse al mismo tiempo.
Ante las versiones de que había abandonado Paraguay, el portavoz presidencial, Guillermo Grance, aseguró que permanece en el país y comparecerá para defenderse. También llamó a mantener la calma y sostuvo que el Gobierno y sus instituciones continúan funcionando.
El costo político contra Peña
Uno de los golpes políticos más fuertes llegó desde su propio partido. Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del Partido Colorado, anunció su respaldo al juicio político. Argumentó que la formación debía actuar para recuperar la institucionalidad y proteger los recursos públicos y los ahorros de la ciudadanía.
La ruptura tiene un peso especial: Peña fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes y llegó a la Presidencia en 2023 con su apoyo. Quien había sido su principal impulsor político terminó respaldando el procedimiento que podría quitarlo del cargo. Aunque sectores oficialistas después buscaron aceptar la renuncia, el apoyo inicial al juicio dejó expuesta la fractura dentro del Partido Colorado.
La Fiscalía también investiga
En paralelo, la Fiscalía General abrió tres causas relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de autoridades y exautoridades. Entre los antecedentes figura una denuncia contra Peña, ampliada con hechos relacionados con la crisis bancaria. Las investigaciones quedaron a cargo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción. ministeriopublico.gov.py
Además, el Ministerio Público informó de la imputación de 27 personas vinculadas con el banco y empresas relacionadas por presunta tentativa de estafa, lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Solicitó distintas medidas cautelares; eso no significa que las 27 personas estén detenidas. biblioteca.ministeriopublico.gov.py
La discusión sobre Peña está, entonces, en cómo se resolverá su salida y qué consecuencias tendrá cada camino. Mientras la renuncia permanece pendiente y el Senado avanza con el juicio político, los afectados esperan que la disputa por el poder se traduzca también en respuestas para recuperar su dinero.
