Candidaturas judiciales que aparecieron en acordeones recibirán multa del INE
Las multas, que se aplicarán este lunes, serán proporcionales al cargo por el que compitieron: equivalen al 10% del tope de gastos personales de campaña.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para imponer sanciones económicas a los candidatos y candidatas que aparecieron en los llamados "acordeones electorales", una estrategia de promoción colectiva considerada ilícita. Aunque las personas involucradas se deslindaron públicamente, la Comisión de Fiscalización concluyó que obtuvieron un beneficio directo, ya que la mayoría resultó electa.
Las multas, que se aplicarán este lunes, serán proporcionales al cargo por el que compitieron: equivalen al 10% del tope de gastos personales de campaña. Por ejemplo, quienes aspiraron a cargos de alto nivel como ministros o magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán pagar hasta 146 mil pesos. Entre ellos están Hugo Aguilar, próximo ministro presidente de la Corte, y las ministras en funciones Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes ampliarán su periodo.
También serán sancionados aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial, como Bernardo Bátiz y Celia Maya; y magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, como Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho.
Para cargos regionales o de menor jerarquía, las multas serán más bajas: 88 mil pesos para las Salas Regionales, 41 mil para magistraturas de circuito, y 22 mil para jueces de distrito.
Pese a que la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a partidos políticos, gobiernos locales e incluso imprentas, no se pudo determinar quién organizó o financió la impresión y distribución de los acordeones. Lo que sí quedó claro, según el INE, es que la campaña violó las reglas y fue financiada con recursos no permitidos.
El proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Fiscalización y será votado por el Consejo General del INE el lunes, último día para cerrar la fiscalización electoral. Sin embargo, podría haber desacuerdos entre consejeros, como ya ocurrió con la validación de la elección. La decisión final quedará en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que además deberá definir cómo evitar que algo similar ocurra en los comicios judiciales de 2027.