En tiempos donde Donald Trump no pierde oportunidad de decir que México no trabaja en el combate al crimen organizado, el aseguramiento de más de una tonelada de cocaína en un narcotúnel entre Tijuana y San Diego es un recordatorio de que la seguridad de dos países dependen del diálogo entre ambos gobiernos.
La frontera, aunque moleste a ciertos sectores al norte, sigue siendo uno espacio de disputa y, al mismo tiempo, un lugar donde la coordinación institucional resulta cada vez más indispensable.
La sofisticación del túnel habla por sí sola. Su estructura está reforzada, hay ventilación, electricidad, rieles y hasta acceso hidráulico. Eso no era una excavación rústica y desesperada, sino una muestra muy clara de infraestructura criminal de alcance binacional.
Frente a eso, la respuesta no fue improvisada. Por eso, es de reconocerse el trabajo de las autoridades que participaron en la investigación, vigilancia, cateos, aseguramientos y detenciones.
Del lado estadounidense, la intervención de Homeland Security Investigations, la Patrulla Fronteriza, la DEA, el FBI, CBP, el Sheriff de San Diego y el Departamento de Justicia de California muestra una operación articulada.
Mientras que, en México, la participación de la Fiscalía General de la República permitió asegurar el punto de conexión en Tijuana. El aprendizaje no puede ser más claro. Cuando las instituciones de ambos lados se coordinan, el crimen pierde margen.
La lectura es que combatir al narcotráfico exige inteligencia y cooperación binacional. Por eso es importante que tanto la administración de Trump como la de Claudia Sheinbaum Pardo trabajen en conjunto para destruir rutas, golpear la logísica delictiva y exhibir que las autoridades aumentan su capacidad operativa cuando van codo a codo.
