El caso de las supuestas investigaciones y retiros de visa de Alfonso Durazo y el de Américo Villareal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas, no es un episodio aislado. Forma parte de la misma historia del caso Rubén Rocha Moya.
Se trata del intento de Estados Unidos de atacar el corazón de la política mexicana.
Cada señalamiento externo contra mandatarios de MORENA deja de ser una anécdota de la diplomacia y se eleva al grado de una acción política relevante.
La presenta cancelación de visas a gobernantes de Sonora y Tamulipas abre el cuestionamiento de ¿cuánto realmente sabe Washington que no explica en México? Y más aún, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta acción que tiene una parte de justicia y otra de desestabilización política?
La respuesta mexicana, hasta el momento, ha sido prudente, dejando que los procesos judiciales tanto en México como en Estados Unidos avancen, al mismo tiempo que se sigue defendiendo la soberanía del territorio nacional.
En ese escenario, muy criticado fue el gesto de Durazo de negarse a mostrar físicamente su visa. Esto se puede ver de dos formas. La primera es que nadie está obligado a montar un espectáculo enseñando su documento, y la segunda que, al ser gobernador de un estado fronterizo y al ser presidente del Consejo Nacional de MORENA, ser transparente hubiera sido un acto muy contundente de defensa propia.
Negarse a mostrar el documento no comprueba de ninguna manera que la visa esté realmente cancelada, pero tampoco ayuda a demostrar lo contrario.
Quienes tienen suficientemente conociendo de política saben que los vacíos en el discurso se llenan, generalmente, de sospecha. Ahí es donde MORENA enfrenta un dilema importante, si el caso Rocha fue alarma, la situación revelada este miércoles sobre Durazo y Villareal son una alerta que exigirá acciones contundentes.
