Durante un año, Ernesto Ruffo Appel negó cualquier vínculo con el huachicol fiscal. Cuando su nombre apareció relacionado con Ingemar y con el aseguramiento de millones de litros de combustible en Coahuila, el exgobernador panista sostuvo que todo estaba documentado ante Aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía. Incluso dijo que él y sus socios querían “tomar el toro por los cuernos” para aclarar que no tenían nada que ver con esa red.
Pero este jueves, la detención por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible ocurrió en Ensenada, después de que durante meses el caso fue minimizado, negado o tratado como un señalamiento político por voces de oposición en Baja California.
La captura también llega junto con la detención de Ricardo Thompson Navarro, otro de los accionistas principales de Ingemar, empresa señalada por las autoridades federales como parte del entramado investigado.
Ambos fueron puestos a disposición de la FGR en Tijuana, dentro de una investigación que, de acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, apunta a una de las redes de contrabando de combustible más grandes del país, con amplitud desde Estados Unidos hacia México, así como operaciones financieras, aduaneras y logísticas de gran escala.
En el fondo, la detención golpea también el discurso de quienes intentaron cerrar el tema desde el terreno político. Durante meses, se buscó presentar el caso como una acusación sin sustento o como una persecución contra un exgobernador de oposición.
Sin embargo, la acción judicial de este jueves coloca el asunto en otra etapa: ya no se trata solo de señalamientos públicos, sino de un proceso penal abierto por delitos graves.
