Que un paso entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl siga llevando el nombre de Hernán Cortés, más de quinientos años después de la Conquista, dice mucho sobre la manera en que México aprendió a contar su propia historia.
Por ello, la propuesta de Claudia Sheinbaum para rebautizarlo como Paso de los Pueblos Indígenas aparece como parte de una revisión que durante los últimos años ha intentado devolver presencia pública a comunidades que durante siglos quedaron relegadas no solamente del relato nacional, sino también del desarrollo, la representación y el acceso efectivo a derechos.
El saldo histórico es difícil de discutir, y nadie puede poner en tela de juicio que los pueblos originarios padecieron despojo, sometimiento y exclusión desde la Conquista, con una marginación que no terminó cuando México se convirtió en una nación independiente. Persistió durante generaciones y terminó convirtiendo a muchas comunidades indígenas en algunas de las más pobres, aisladas y desprotegidas del país.
Desde esa perspectiva, recuperar nombres también tiene un significado político, social y de empoderamiento. La Calzada México-Tenochtitlan sustituyó a Puente de Alvarado, la llamada Noche Triste comenzó a leerse también como una victoria de la resistencia indígena y ahora la geografía vuelve a entrar en esa revisión histórica con el Paso de Cortés.
Sheinbaum ha mantenido una posición consistente sobre este tema desde antes de llegar a Palacio Nacional. Su planteamiento no consiste en borrar la presencia española de la historia mexicana, sino en equilibrar una narrativa que durante demasiado tiempo privilegió a los conquistadores y dejó en segundo plano a quienes estaban aquí antes de su llegada.
México no necesita desconocer su pasado español para reconocer su raíz indígena, necesita asumir que durante siglos una parte de su historia tuvo más monumentos, calles y nombres que la otra.
Cambiar el Paso de Cortés no salda cinco siglos de deuda, pero sí modifica algo que durante demasiado tiempo pareció intocable, y es el de quién tiene derecho a nombrar la memoria de México.
