Un aseguramiento de más de dos toneladas de presunta cocaína en el Pacífico permite observar una parte del combate al narcotráfico que suele recibir menos atención que los operativos en tierra.
Mover una carga de ese tamaño exige rutas previamente estudiadas y una logística capaz de cruzar enormes extensiones marítimas, confiando precisamente en que el océano ofrece distancia, aislamiento y múltiples posibilidades para ocultarse.
Bajo esos parámetros, el trabajo de la Secretaría de Marina adquiere una relevancia particular.
Y es que vigilar el Pacífico mexicano no consiste simplemente en colocar embarcaciones esperando encontrar delincuentes, sino en combinar inteligencia, seguimiento, vigilancia aérea y marítima, coordinación y capacidad de reacción en un territorio donde cualquier objetivo puede cambiar de rumbo en cuestión de minutos.
Así que un decomiso de estas dimensiones habla bien de esa capacidad operativa y merece reconocerse sin necesidad de exagerar sus alcances.
Sería un error presentar dos toneladas como el desmantelamiento de una ruta completa o como una derrota definitiva para alguna organización criminal, pero también sería injusto reducirlas a una cifra más dentro de las estadísticas oficiales.
Cada cargamento que no llega a tierra interrumpe una cadena mucho más amplia. Alguien debía recibirlo, trasladarlo, esconderlo, distribuirlo y convertir finalmente esa mercancía en dinero. Seguir esas conexiones puede resultar incluso más importante que la droga asegurada.
Ahí comienza ahora la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, que deberá determinar la situación jurídica de extranjeros detenidos y, sobre todo, intentar reconstruir el entramado detrás de la embarcación.
La Marina consiguió sacar del mar más de dos toneladas de presunta cocaína antes de que alcanzaran su siguiente destino, por lo que el verdadero tamaño del golpe dependerá ahora de cuánto puedan revelar las investigaciones sobre quienes financiaron el viaje, organizaron la ruta y esperaban la carga del otro lado.
