Durante muchos años, Tijuana tuvo una extraordinaria capacidad para crecer y una bastante menor para preguntarse qué estaba ocurriendo debajo de ese crecimiento.
Mientras llegaron viviendas, parques industriales, comercios, desarrollos verticales y nuevas colonias, una parte de la infraestructura encargada de conducir y tratar las aguas residuales envejeció o simplemente dejó de alcanzar para una ciudad que nunca aprendió a esperar y cuya expansión terminó avanzando mucho más rápido que sus colectores, plantas de bombeo y sistemas de tratamiento.
Por eso los más de 9 mil 450 millones de pesos que hoy se destinan al saneamiento de la zona costa tienen una lectura política que rebasa la rehabilitación de infraestructura.
Mónica Vega, directora de la CESPT, explicó en entrevista con BCTneus que el rezago se acumuló durante décadas porque las inversiones necesarias no acompañaron el crecimiento regional, una realidad que ayuda a entender por qué la administración de Marina del Pilar decidió colocar el saneamiento entre sus prioridades y emprender una gestión que necesariamente debía involucrar al Gobierno de México, Estados Unidos, organismos binacionales y recursos estatales.
Hay además una particularidad política en este tipo de inversión, ya que resulta mucho más sencillo comunicar una obra visible que miles de millones enterrados debajo de una ciudad.
Una avenida, un edificio o un espacio público permiten fotografía, recorrido e inauguración, mientras un colector difícilmente despierta entusiasmo ciudadano, aunque su funcionamiento pueda resultar bastante más importante para la salud pública, el medio ambiente y el crecimiento futuro de la región.
Y es que gobernar también consiste en invertir en aquello que quizá no produce la postal más espectacular, pero cuya ausencia termina cobrándose tarde o temprano.
Por ello, el Acta 328 debe entenderse desde esa dimensión, siendo 16 obras del lado mexicano que forman parte de un mismo sistema, acompañadas por el compromiso estadounidense de ampliar su capacidad de tratamiento, mientras San Antonio de los Buenos pasó de encontrarse prácticamente fuera de operación a procesar actualmente 800 litros por segundo.
La meta de concluir las obras correspondientes a México en 2027 será importante, pero igualmente relevante será lo que ocurra después, porque Tijuana continuará creciendo y con ella aumentará inevitablemente la presión sobre toda esta infraestructura.
Ahí adquiere sentido el Acta 333 y la intención de construir una estrategia que permita mantener y ampliar el sistema conforme lo demande la región.
El reto para Mónica Vega y la CESPT será que esta inversión no solamente sirva para corregir lo que Tijuana dejó acumular durante décadas, sino para impedir que la historia vuelva a repetirse, porque una ciudad que presume crecimiento industrial, vivienda, inversión y desarrollo también tiene que demostrar que puede hacerse cargo del agua que genera ese mismo crecimiento.
