A Benjamin Franklin se le atribuye una frase sencilla que conserva vigencia: “Una inversión en conocimiento paga el mejor interés”.
Trasladada al servicio público, la idea adquiere una responsabilidad adicional, porque cuando quien aprende tiene capacidad de decisión, el conocimiento se convierte en política pública.
Con ese principio como punto de partida, resulta relevante que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda haya reunido a 34 titulares de dependencias estatales, organismos y gobiernos municipales para capacitarlos en la implementación de la Ley Daryela y la Estrategia Género.
El peso del encuentro está, sobre todo, en el nivel de responsabilidad de quienes fueron convocados.
Son los altos mandos quienes deciden presupuestos, establecen prioridades, corrigen procedimientos y determinan, en buena medida, cómo responde una institución cuando una mujer solicita protección o denuncia violencia.
Aprobar una ley establece obligaciones y procedimientos, pero su eficacia comienza realmente cuando quienes deben ejecutarla comprenden qué hacer, cuándo hacerlo y cuáles pueden ser las consecuencias de una mala actuación.
Por ello, Marina del Pilar planteó durante la capacitación que este ejercicio no debe reducirse al cumplimiento de una obligación legal, sino servir para prevenir violencia, evitar la revictimización y contribuir a salvar vidas.
De ahí que involucrar directamente a alcaldes, secretarios y titulares de organismos resulte relevante, ya que la perspectiva de género deja de ser exclusivamente responsabilidad de una dependencia especializada cuando alcanza a quienes conducen las distintas áreas del gobierno.
Por lo pronto, el siguiente paso será comprobar cómo ese conocimiento baja por la estructura administrativa y llega hasta quienes atienden directamente a las mujeres.
Y sí, una ley puede establecer el deber de protegerlas, pero la verdadera diferencia se percibe en el momento en que una institución sabe cómo responder, lo hace a tiempo y asume plenamente esa responsabilidad.
