Dice un viejo refrán que “la confianza se gana a pulso y se pierde de golpe”. Y pocas instituciones mexicanas tienen hoy tanta necesidad de recuperar esa confianza como el Instituto Nacional Electoral.
La llegada de Blanca Yassahara Cruz García a la presidencia provisional del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, ocurre en un momento particularmente delicado para nuestra democracia.
No solamente por los cuestionamientos sobre contratos y decisiones administrativas de la gestión anterior, sino por la cercanía de las elecciones de 2027, cuando millones de mexicanos volverán a las urnas.
Cruz García recibe una institución con asuntos pendientes que difícilmente pueden esperar. Apenas ayer anunció una revisión de las áreas directivas, la salida de tres funcionarios y la disposición de colaborar con las investigaciones sobre posibles irregularidades.
También planteó recuperar las decisiones colegiadas, una práctica indispensable en un organismo cuya fortaleza debe descansar en sus reglas y no en la voluntad de quien lo preside.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también fijó una postura que merece atención, al pedir transparentar los contratos y gastos del Instituto, así como realizar las auditorías necesarias. Es una exigencia razonable que debe aplicarse con el mismo rigor a cualquier administración, sin importar quién haya estado al frente.
Mientras tanto, la Cámara de Diputados deberá elegir a quien concluya el periodo presidencial del INE, previsto hasta abril de 2032. La designación exige una mayoría calificada y, sobre todo, un perfil capaz de generar confianza más allá de las simpatías partidistas.
Pero el calendario electoral sigue avanzando, y en 2027 se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán elecciones locales en distintas entidades, entre ellas Baja California, donde estarán en juego la gubernatura, las alcaldías y el Congreso estatal.
Los ciudadanos esperan algo bastante sencillo de explicar, como lo son elecciones limpias, autoridades imparciales, recursos bien administrados y resultados que reflejen fielmente la voluntad expresada en las urnas.
A Blanca Cruz le corresponde conducir esta transición sin permitir que los problemas internos distraigan al Instituto de su responsabilidad principal.
Y a quien llegue de manera definitiva le tocará demostrar que la autonomía electoral también exige transparencia, profesionalismo y rendición de cuentas.
México ha invertido décadas en construir sus instituciones electorales. Sería lamentable que la desconfianza hacia determinadas personas terminara debilitando el trabajo de miles de ciudadanos y servidores públicos que hacen posibles nuestras elecciones.
El relevo abre una oportunidad para corregir, esclarecer y recuperar credibilidad. Desaprovecharla sería un error demasiado costoso.
Después de todo, cuando un ciudadano deposita su voto en una urna, también está depositando su confianza en quienes habrán de contarlo.
