El Congreso de la Ciudad de México avaló una reforma que limita la difusión de contenidos que hagan apología del delito en eventos públicos y espacios dirigidos a menores de edad, una medida que impactará directamente a los llamados narcocorridos en la capital del país.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 44 votos y contempla modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tras su aprobación en el Congreso local, el dictamen fue enviado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial y posterior entrada en vigor.
La reforma no prohíbe escuchar narcocorridos en ámbitos privados ni en plataformas digitales. Sin embargo, establece restricciones para que en conciertos, festivales, ferias, palenques y otros eventos autorizados por las autoridades no se difundan contenidos que exalten actividades delictivas, glorifiquen a grupos criminales o promuevan conductas violentas.
Las nuevas disposiciones también alcanzan espacios educativos y actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar la exposición de menores a mensajes que presenten el crimen como una alternativa de éxito o reconocimiento social.
La propuesta fue impulsada por la diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto, quien durante el proceso legislativo sostuvo que “no podemos tolerar que se fomente la violencia o se solape el crimen”. Asimismo, señaló que existen “narrativas que glorifican la violencia, que convierten el crimen en aspiración y que presentan a figuras del narcotráfico como modelo de éxito”.
Durante la discusión, legisladores argumentaron que la medida responde al contexto de violencia que enfrenta el país y al reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. En ese sentido, se destacó la necesidad de evitar la normalización de este tipo de conductas a través de expresiones culturales que las presenten de manera positiva.
Entre las facultades que tendrán las autoridades se encuentra la supervisión de espectáculos públicos para verificar el cumplimiento de la normativa. Además, los organizadores podrían enfrentar sanciones administrativas en caso de incumplimiento, e incluso la negativa de permisos para determinados eventos.
Aunque la reforma ha abierto el debate sobre los límites entre la regulación y la libertad de expresión, los legisladores insistieron en que el objetivo no es censurar un género musical completo, sino impedir la promoción de mensajes que justifiquen delitos o conviertan a figuras criminales en referentes aspiracionales.
