La propuesta contempla reformas a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, así como a la Ley de Protección al Ambiente del Estado, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la disposición adecuada de este tipo de residuos.
La legisladora señaló que las llantas que han concluido su vida útil representan un problema ambiental y sanitario, ya que los materiales con los que están fabricadas pueden provocar incendios al combinarse con altas temperaturas.
Además, cuando son abandonadas en la vía pública generan contaminación visual y deterioran la imagen urbana.
“Las llantas usadas no deben seguir siendo un peligro constante para nuestras comunidades. Con esta iniciativa buscamos que los municipios ofrezcan espacios gratuitos y cercanos para que la ciudadanía pueda deshacerse de ellas de manera segura”, expresó.
La iniciativa también establece que las personas o empresas dedicadas a la vulcanización, revulcanización o comercialización de llantas colaboren con las autoridades municipales en la operación de estos centros de recepción, fortaleciendo la corresponsabilidad entre el sector privado y el gobierno.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en Baja California existen tres sitios que reciben entre 600 mil y 700 mil llantas en desuso cada año. Sin embargo, muchas terminan en la vía pública o son quemadas a cielo abierto debido al costo que representa trasladarlas a centros de reciclaje.
Michelle Tejeda afirmó que la propuesta busca eliminar esa barrera económica y ofrecer alternativas accesibles para la población, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades y contribuir a la preservación del medio ambiente para las futuras generaciones.
