Con 23 votos a favor, el Pleno de la XXV Legislatura avaló el Dictamen No. 105, que regula las atribuciones del Consejo de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de los órganos que forman parte del nuevo modelo de justicia en la entidad.
La actualización responde a la reforma constitucional publicada a nivel federal el 15 de septiembre de 2024, mediante la cual se estableció, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados y la sustitución del anterior Consejo de la Judicatura por organismos separados para atender las tareas administrativas y disciplinarias.
Con la nueva legislación, el Consejo de Administración Judicial tendrá bajo su responsabilidad el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, además de coordinar la capacitación y formación de las personas juzgadoras. También participará en la atención de responsabilidades administrativas consideradas no graves, a través del Órgano Interno de Control y del propio Pleno del Consejo.
Dentro de esta estructura también se contempla la reglamentación de áreas como la Escuela de Formación Judicial y el Archivo Judicial, que estarán vinculadas con la capacitación, organización y funcionamiento administrativo del Poder Judicial estatal.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial será el responsable de vigilar la actuación del personal jurisdiccional y podrá aplicar medidas que van desde amonestaciones y sanciones económicas hasta suspensiones e inhabilitaciones. Asimismo, estará facultado para presentar denuncias penales cuando detecte posibles delitos, resolver determinados conflictos laborales internos y evaluar el desempeño de magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Como parte de la adecuación al nuevo modelo, el Congreso también aprobó modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios. Los cambios buscan delimitar las atribuciones de las nuevas instituciones y reconocer al Tribunal de Disciplina Judicial dentro de los procedimientos laborales internos.
La aprobación implica además la abrogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada el 4 de octubre de 1995, debido a que su estructura ya no corresponde con la organización establecida a partir de la reforma judicial.
El dictamen fue presentado ante el Pleno por el diputado Juan Manuel Molina García, en representación de las fracciones parlamentarias de Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Durante la presentación se sostuvo que la separación de las funciones administrativas y disciplinarias permitirá adaptar el funcionamiento del Poder Judicial de Baja California al nuevo marco constitucional.
El dictamen fue presentado ante el Pleno por el diputado Juan Manuel Molina García, en representación de las fracciones parlamentarias de Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Durante la presentación se sostuvo que la separación de las funciones administrativas y disciplinarias permitirá adaptar el funcionamiento del Poder Judicial de Baja California al nuevo marco constitucional.
