CIUDAD DE MÉXICO.— La Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma constitucional que establece un requisito de nacionalidad única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El dictamen recibió 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, y ahora continúa su discusión en lo particular antes de seguir su trámite legislativo.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que una persona que tenga otra nacionalidad tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato. Además, quienes ocupen alguno de estos cargos no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad durante su mandato, utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática. La medida está planteada para aplicarse a partir de los procesos electorales de 2028.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado que la reforma no busca eliminar la doble nacionalidad para la población en general. Una persona puede seguir teniendo dos o incluso más nacionalidades, pero si pretende convertirse en Presidenta, Presidente, gobernadora o gobernador tendría que renunciar a las demás. Su argumento es que quienes encabecen los gobiernos deben tener como único interés nacional el de México y no mantener una ciudadanía que implique vínculos jurídicos con otro Estado.
Sheinbaum también ha utilizado el concepto de soberanía para explicar la iniciativa. En sus conferencias ha señalado que una persona que adquiere otra nacionalidad realiza determinados compromisos con ese país y que, frente a una eventual diferencia entre dos Estados, debe quedar claro que quien gobierna México representa exclusivamente a la nación mexicana. La mandataria ha insistido, además, en que la reforma no pretende impedir que los mexicanos tengan doble nacionalidad, sino establecer una condición específica para quienes quieran ocupar los cargos ejecutivos de mayor nivel.
El planteamiento ha generado una discusión política en la Cámara. Morena, PT y PVEM defendieron el dictamen bajo el argumento de proteger la soberanía y evitar posibles conflictos derivados de una doble nacionalidad. En contraste, las bancadas de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y cuestionaron que la doble nacionalidad sea el principal problema relacionado con la independencia o seguridad del país. En la votación en lo general, la oposición sumó 116 votos en contra.
En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular por tratarse de una entidad fronteriza con Estados Unidos y por la presencia cotidiana de personas que mantienen vínculos familiares, económicos y jurídicos con ambos lados de la frontera. La reforma no elimina la posibilidad de que los bajacalifornianos tengan doble nacionalidad; el cambio se concentraría en quienes pretendan competir por la gubernatura.
De aprobarse definitivamente, una persona con nacionalidad mexicana y estadounidense que quisiera contender por la gubernatura de Baja California en un proceso posterior a la entrada en vigor tendría que renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidata o candidato. La misma regla aplicaría para quienes aspiren a la Presidencia y, en la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno.
Esto abre una discusión especialmente relevante en un estado donde la relación con Estados Unidos forma parte de la vida cotidiana de una parte importante de la población. El punto que ahora queda sobre la mesa es hasta dónde debe llegar el requisito de nacionalidad única para quienes buscan gobernar una entidad fronteriza y cómo se aplicará la renuncia a otra nacionalidad en la práctica.
La propuesta original también contempla que, una vez aprobada la reforma constitucional, se modifique la Ley de Nacionalidad para establecer los procedimientos mediante los cuales una persona con doble nacionalidad pueda formalizar su renuncia antes de registrarse como candidata o candidato.
Por ahora, la reforma todavía no es definitiva. Los diputados aprobaron el dictamen en lo general y comenzaron la discusión de las reservas y modificaciones en lo particular. Después deberá continuar su proceso en el Senado y, al tratarse de una reforma constitucional, requerirá la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales para completar el procedimiento.
Así, una propuesta que comenzó como una iniciativa de Sheinbaum para precisar los requisitos de nacionalidad de quienes gobiernen México ya dio su primer paso en San Lázaro y coloca a Baja California, por su condición fronteriza y su relación con Estados Unidos, entre los estados donde el alcance de la nueva regla tendrá una discusión particularmente cercana.
