De acuerdo con sus promotores, el frente se concibe como una expresión ciudadana frente a una iniciativa elaborada sin la participación amplia de la sociedad civil, especialistas ni otras fuerzas políticas.
En su posicionamiento, señalaron que su carácter es plural, incluyente y de alcance nacional, con el propósito de impedir que una reforma de ese tipo avance en cualquier etapa del proceso legislativo.
Entre sus principales demandas, el grupo plantea que las autoridades y tribunales electorales deben ser auténticamente autónomos e imparciales, así como garantizar elecciones libres, equitativas y competitivas.
También proponen el fortalecimiento de la ciudadanía mediante una participación informada y autónoma.
El frente establece como ejes adicionales la representación legislativa proporcional al voto ciudadano, la prohibición de mecanismos de sobrerrepresentación y el respeto al pluralismo político dentro de los límites constitucionales.
El pronunciamiento fue respaldado por más de 400 firmantes, entre los que se encuentran políticos, exfuncionarios y figuras públicas de distintas corrientes partidistas, así como exintegrantes de organismos electorales, empresarios y periodistas.
