Un tribunal federal de Estados Unidos invalidó este viernes una serie de medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump que suspendían la resolución de diversos trámites para ciudadanos de 39 países, al considerar que fueron aplicadas de manera ilegal.
La decisión fue emitida por el juez federal John McConnell Jr., quien concluyó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) excedió sus facultades al detener el procesamiento de solicitudes relacionadas con asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía para personas originarias de naciones de África, Asia, América Latina y Oriente Medio.
El fallo surge a partir de una demanda presentada en marzo por una coalición integrada por organizaciones de apoyo a migrantes y sindicatos, que cuestionó las políticas adoptadas por el USCIS desde noviembre pasado. Dichas medidas fueron justificadas por el gobierno bajo argumentos de seguridad nacional y procesos de verificación de antecedentes.
En su resolución, McConnell sostuvo que las acciones de la agencia provocaron que miles de personas quedaran atrapadas en una situación de incertidumbre jurídica.
“La política arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado”, escribió el juez.
Asimismo, acusó a la dependencia de actuar fuera del marco legal al imponer restricciones que, según indicó, no estaban respaldadas por la legislación vigente.
“Al promulgar sus más recientes políticas migratorias, el Uscis (Servicios de Ciudadanía e Inmigración) se atribuye una autoridad estatutaria y reglamentaria que no posee; toma decisiones sin las explicaciones razonadas que debe proporcionar; actúa sin considerar los intereses de confianza de los solicitantes que debe tener en cuenta; y justifica sus acciones con preocupaciones pretextuales de ‘seguridad nacional’ que encubren sentimientos antimigrantes cuya influencia en su toma de decisiones tiene prohibido permitir”, señaló.
El juez concluyó que esas actuaciones carecieron de fundamento legal y administrativo.
“En términos legales, eso significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”.
Durante el proceso judicial también se expuso que las demoras no obedecían a incumplimientos de los solicitantes, sino exclusivamente a su país de origen. McConnell destacó que los afectados habían seguido los procedimientos establecidos por el Congreso y por la propia agencia migratoria, pero aun así sus expedientes permanecieron congelados durante meses.
“El Estado de derecho debe aplicarse a todos por igual”, afirmó en su resolución.
Tras conocerse la decisión, la organización Democracy Forward celebró el fallo. Su presidenta y directora ejecutiva, Skye Perryman, consideró que la sentencia representa un freno a prácticas discriminatorias dentro del sistema migratorio.
“Este fallo reafirma un principio básico: el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen”, declaró.
Añadió que las medidas impugnadas tuvieron consecuencias directas para miles de personas y familias en todo el país.
