En la cultura política de nuestro país, las acusaciones suelen correr más rápido que los hechos. Lo difundido este lunes sobre Carlos Torres Torres es, sin duda, un buen ejemplo de cómo los medios de comunicación tienen cada vez mayor relevancia.
Durante días, su nombre fue ligado a delitos graves como huachicol y tráfico de armas. Incluso se habló de supuestas órdenes de aprehensión en Estados Unidos, pero el medio de comunicación no contaba con pruebas contundentes.
Lo que sí ocurrió fue un juicio, pero no penal. Un juez federal resolvió que la información publicada por un medio nacional era falsa, no estaba verificada y además se negó el derecho de réplica. Por eso ordenó corregir lo publicado y sancionó al medio.
El manejo de la información en la era de las redes sociales es fundamental, ya que no se puede acusar sin pruebas pero tampoco afirmar que eso lo exonera de cualquier otra investigación que podría estar en curso. La realidad tiene más matices.
Este caso deja una lección incómoda, y es que la información que se publica sin pruebas no sólo afecta a la persona involucrada sino a todos los actores del espacio público y especialmente a la ciudadanía que consume la información. Afortundamente, en esta ocasión un tribunal puso orden.
