Cuando una persona adulta pretenda acceder a un servicio turístico acompañada de un menor, tendrá que acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia correspondiente.
El decreto enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece que si no puede demostrar ese vínculo, el prestador deberá negar el servicio y dar aviso a las autoridades, una disposición que busca cerrar espacios que pueden ser aprovechados por redes de trata y explotación.
Senadores de distintas fuerzas políticas coincidieron en que México no puede permitir que hoteles y otros espacios vinculados al turismo sean utilizados para cometer delitos contra la infancia.
La vice coordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales, advirtió que México enfrenta una problemática grave de explotación sexual infantil y citó estimaciones de entre 17 mil y 20 mil niñas, niños y adolescentes atrapados en redes de explotación.
En ese sentido recordó que México recibió casi 48 millones de turistas extranjeros en 2025 y que, de enero a julio de este año, la cifra se acercó a 29 millones.
La reforma establece que los prestadores de servicios turísticos deberán implementar protocolos y acciones preventivas para detectar la posible comisión de delitos contra menores, bajo el principio del interés superior de la niñez.
La senadora Giovanna Bañuelos subrayó que la protección de la niñez no debe depender de la voluntad individual, sino de reglas claras y responsabilidades legales, y coincidió en que el sector turístico puede convertirse en una primera línea de protección.
